Es sobre la situación del Estudio de Impacto Ambiental acumulativo ordenado y el mecanismo mediante el cual se dará participación ciudadana sobre sus resultados.
Asimismo, la magistrada requirió conocer el estado de cumplimiento de la medida cautelar dictada el 30 de enero y confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia (STJ), el 1°de marzo, que prohíbe la instalación de emprendimientos de canteras y/o plantas de lavado de arenas silíceas en la zona afectada en el Delta entrerriano.
La resolución de Ramírez Amable, firmada el 7 de julio, establece que se "requiere al Estado Provincial, en el plazo de 10 días hábiles de notificado, informe respecto de las etapas realizadas y/o finalizadas del EIA acumulativo ordenado. En caso de restar etapas por cumplir, indique la fecha probable de finalización, con presentación de cronograma actualizado".
En el segundo punto, sostiene que "en el supuesto de haberse finalizado y presentado el EIA acumulativo ordenado, indique fecha de finalización, acompañando sus conclusiones. La forma y fecha en la que se dará a conocer el EIA acumulativo; si el mismo ha sido o será publicado y por qué medio".
Finalmente sobre el "mecanismo mediante el cual se dará la debida participación ciudadana respecto de los resultados del EIA acumulativo en el territorio afectado y para la ciudadanía entrerriana en general".
V) Informe respecto del estado de cumplimiento de la resolución del 30/01/2023, confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia el 01/03/2023.
"La resolución de la jueza Valentina Ramírez Amable, es por el pedido que hicimos a través de CAUCE, debido a que pasó más de un año desde que se le ordenó al Gobierno de Entre Ríos, realizar el estudio de impacto ambiental acumulativo. No hemos tenido ningún tipo de información ni la ciudadanía, ni la población de Ibicuy, ni nosotros que somos parte de esta causa junto a AGMER, de cómo se desarrolla este estudio de parte de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y la Universidad", explicó Valeria Enderle, directora Ejecutiva de la Fundación Cauce, Cultura Ambiental, Causa Ecologista.
La letrada, explicó que se debió acudir nuevamente a la Justicia, ya que la Secretaría de Ambiente de la provincia, "no ha realizado una difusión adecuada que tenga que ver con el acceso a la información y tampoco ha dado a conocer los resultados de este estudio de impacto ambiental acumulativo".
"Como organización una de nuestras acciones es el monitoreo ambiental, por eso volvimos a acudir a la acción judicial, la que nos vuelve a dar la razón, para que la Secretaría de Ambiente cumpla con la orden que le impartió la jueza Ramírez Amable respecto a nuestro pedido", destacó Enderle.
