Gustavo Vera
Argentina es uno de los países que lidera la lucha contra la trata
Lamentablemente, en los últimos años, el delito de trata ha crecido a nivel planetario a consecuencia de la pandemia, las guerras, y el desarrollo de las comunicaciones digitales. Sin embargo, la Argentina ha realizado bajo la gestión de Alberto Fernández, esfuerzos significativos para prevenir y combatir la trata y para generar políticas públicas de protección y asistencia a las victimas, que le han valido el reconocimiento internacional durante cuatro años consecutivos.
Según los informes mundiales anuales, que realiza el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Argentina está entre los 30 países que más esfuerzos realizan en la lucha contra la esclavitud. Incluso este año, el secretario de Estado del presidente Biden, Antony Blinken, destacó especialmente el caso Argentino “donde los líderes del gobierno federal se reúnen regularmente con representantes de las 24 jurisdicciones del país, para coordinar sus esfuerzos y aumentar la eficacia de los demás, incluso comprometiéndose a ofrecer viviendas a largo plazo a los sobrevivientes de la trata”.
Cuando asumimos en la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, teníamos que resolver tres desafíos. En primer lugar, garantizar políticas públicas en el corto, mediano y largo plazo, que permitan a las sobrevivientes del delito de trata reconstruir su horizonte de vida y evitar su revictimización.
En segundo lugar, lograr que las investigaciones judiciales sigan la ruta del dinero y no se conformen con condenar a los eslabones más pequeños de la cadena y en 3er. lugar, masificar de manera federal, e incluso latinoamericana, redes de cooperación eficaces que se comprometan y coordinen el combate.
Respecto al primer desafío, desplegamos cinco líneas de acción en el corto plazo para sobrevivientes de la trata de personas:
1) derecho al patrocinio jurídico mediante un convenio con el Ministerio Público de la Defensa;
2) derecho al acompañamiento terapéutico permanente mediante la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación;
3) el programa Acompañar, que otorga un plan de seis meses de ayuda económica, equivalente al salario mínimo, vital y móvil (SMVyM) de manera mensual;
4) el programa Restituir, que otorga un plan de hasta un año y medio, equivalente a medio SMVyM mensual y
5) la prestación por explotación laboral de RENATRE para las víctimas rescatadas de la trata laboral, equivalente a un SMVyM.
Y el programa Ayuda Urgente del Ministerio de Desarrollo Social. En el mediano plazo, se creó el programa de Reparación de Derechos y Fortalecimiento de las Competencias Laborales para los sobrevivientes de la trata mediante el cual el Ministerio de Trabajo de la Nación capacita en oficios y paga una remuneración durante un año, y mediante el ENACOM garantiza medios digitales para poder capacitarse y luego colaborar en su reinserción laboral.
También se creó el programa de acceso a soluciones habitacionales, mediante el cual, a través del programa “Casa Propia”, se garantiza un techo digno para sobrevivientes como ya ha ocurrido en casos concretos en Formosa, Santiago del Estero, Catamarca o Misiones. Y, en el largo plazo, se constituyó un Fondo Fiduciario de Reparación, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, mediante el cual se indemniza, con el decomiso de bienes a los explotadores, a quienes fueron víctimas. Ya hubo 45 casos de reparación.
En relación al segundo desafío, se modificó el Protocolo Único de Articulación, mediante el cual ahora tanto la UIF, como la AFIP, son naturalmente querellantes por el Estado en causas judiciales de trata, a los efectos de seguir la ruta del dinero y conectar el delito de trata con el lavado de activos. Asimismo, SENASA contribuye con información clave para individualizar a los explotadores en el ámbito rural. Por otra parte, tanto UATRE, como la CGT y el Consejo Federal del Trabajo han firmado convenios con el Comité. Además, se trabaja en capacitaciones con la Asociación de Jueces Federales y la Federación Argentina de la Magistratura.
El Comité ha impulsado la conformación de 34 mesas interinstitucionales a lo largo y ancho del país, en las que confluyen organismos nacionales, provinciales, municipales y de la sociedad civil. También ha contribuido a forjar una Plataforma Regional en la que 10 países sudamericanos trabajan en promover mesas operativas en las fronteras bi o trinacionales, en avanzar en equipos de investigación judiciales conjuntos, y en aceitar los mecanismos rápidos y urgentes de comunicación entre los países.
Tres provincias, Catamarca, Chaco y Formosa han sancionado leyes de inclusión laboral. Siete provincias más siguen el mismo camino con leyes similares en estado parlamentario. Más de 150 ordenanzas fueron sancionadas en 15 provincias de las cuales, unas 50 son de cupo laboral y un centenar de difusión obligada de la línea de denuncias anónima y gratuita 145.
El papel de los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y el compromiso varias cámaras empresarias ha sido crucial y se han involucrado en esta lucha, firmando convenios o avanzando en esa dirección.
Más de 4000 personas fueron rescatadas entre 2020 y 2023. Se ejecutó el 92 % de las 100 acciones del primer plan bienal 2020-2022 y están muy avanzadas las del plan 2022-2024. Es el primer Comité, desde su creación en 2012, que elabora y ejecuta dos planes bienales.
Esta semana mundial de sensibilización contra este delito, una vez más, habrá un centenar de acciones contra la trata en todo el país, con la satisfacción de que este año se suman todos los equipos de primera división en la próxima fecha, gracias a la decisión del titular de la Asociación del Futbol Argentino, Claudio Tapia, de sumar al deporte mas popular del país al combate y la difusión de la línea 145.
Fuente: Télam
