Fue en el marco de la tercera sesión del 144º Período Legislativo, presidida por la vicegobernadora Laura Stratta.

Se aprobaron, además, proyectos de donaciones de inmuebles para diferentes fines. En el turno de los homenajes, se recordó el 24 de Marzo Dia de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

Durante el debate legislativo, que se desarrolló este miércoles, quedó aprobado por unanimidad el proyecto que modifica los artículos 8º, 10º, 14º, 16º y 26º de la Ley Nº 10.563 que crea el “Mecanismo de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

Tomó la palabra para solicitar el voto de las y los legisladores, el senador Jorge Maradey (Gualeguaychú- Frente Justicialista). “Esta ley prevé que se conforme el Comité Provincial de Prevención de la Tortura como órgano de mecanismo, el cual debe estar integrado por representantes del Poder Legislativo, del Ejecutivo y de la sociedad civil. También se prevé la designación de un secretario o secretaria ejecutiva con funciones establecidas y que será designada o designada por concurso de antecedentes”.

Y continuó: “El Comité será integrado por 3 legisladores, 2 de la Cámara de Diputados (uno por la mayoría y otro por la minoría) y 1 de la Cámara de Senadores por la mayoría; por el subsecretario de Derechos Humanos o personal de planta del área que designe para esta función; y por 2 representantes de la sociedad civil avalados por organizaciones de derechos humanos con personería jurídica vigente. Asimismo, para la selección de los representantes de la sociedad civil se establecerá una convocatoria pública, democrática y en asamblea de elección directa con el objetivo de dejarlo conformado en forma inmediata”, explicó el legislador.

“Con mucho orgullo he sido electo por mis pares como el integrante titular del Comité por parte de esta Cámara, lo cual me congratula pero también me interpela a trabajar para su efectiva implementación. Entendemos que aprobar esta ley implica asegurar independencia institucional y la suficiente dotación presupuestaria para poder monitorear los espacios de encierro. A su vez la puesta en marcha local de esta herramienta institucional permitirá recabar documentación e investigación veraz sobre tratos inhumanos que pueden ocurrir en los lugares de encierro”, indicó Maradey.

Y agregó: “Se trata, entonces, de un mecanismo de disuasión para las fuerzas de seguridad y a su vez un factor de prevención en materia de violencia institucional. Estamos votando una ley que si bien es producto de la lucha y de la demanda legítima de los organismos de derechos humanos, es también resultado de la voluntad política de este gobierno y del compromiso de quienes representamos al Poder Legislativo de llegar a un texto consensuado. Hoy aprobar esta ley es un pequeño aporte para seguir diciendo ‘Nunca Más’”.
DD.HH.
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