El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, impulsó la creación de la Policía Ambiental, para vigilar “inmuebles pertenecientes al dominio público provincial, ubicados en zona de islas y anegadizos, que han sido objeto de usurpaciones, incendios, entre otras contravenciones e ilícitos en materias ambiental, por lo que es necesario contar con un organismo específico –cuerpo especializado- con incidencia directa en el territorio de islas y anegadizos, que pueda actuar de oficio ante estos casos y que sirva de apoyo para los entes existentes de fiscalización ambiental y de los recursos naturales en general, a los fines de velar por la protección y preservación del medio ambiente en general, y así también llevar a cabo una efectiva fiscalización de los inmuebles que pertenecen al dominio público del Estado Provincial”.
La propuesta de Rodríguez Signes planteó encomendar al jefe de la Policía de la Provincia de Entre Ríos “la creación de una brigada con competencia en prevención y control ambiental, bajo su dependencia, que se denominará Policía Ambiental”.
La iniciativa de la Fiscalía de Estado la ubica como una Brigada dentro de la Policía de Entre Ríos, pero en el Gobierno no hay opinión unánime al respecto, y hay quienes entienden que debería estar dentro del área de Medio Ambiente. Aunque el jefe de la Policía, Gustavo Maslein, tiene también su propio proyecto al respecto.
La idea de una Policía Ambiental ahora la impulsa el intendente de Victoria, Domingo Maiocco (Juntos por el Cambio), a través de su asesor legal, Eduardo Ruda, quien ha mantenido contactos con el fiscal de Estado.
“Mi propuesta consiste en la creación de una fuerza de seguridad ambiental interjurisdiccional con asiento permanente en las islas. Se instalarían al menos dos comisarías, ubicadas en los lugares donde históricamente se han producido la mayor cantidad de incendios; se instalarían cámaras con visión nocturna, monitoreadas las 24 horas del día; cada comisaria tendría afectado un helicóptero de transporte de efectivos para realizar un despliegue inmediato y oportuno al lugar donde se está iniciando el incendio”, dijo Maiocco respecto de ese proyecto.
Maiocco aclaró que los efectivos podrían llevar, además de sus armas reglamentarias, equipos de ataque rápido de pequeños incendios, como mochilas. “Esto también tiene carácter preventivo, ya que el ataque inicial a un pequeño foco ígneo evita su extensión a una zona mayor”, explicó. Describió además que las comisarías deberían estar dotadas de distintos recursos de transporte, equipos de comunicación, Internet, drones, entre otros. “La fuerza debería tener un comando único y estar integrada por las policías provinciales, federal, gendarmería y prefectura”, comentó.
Desde la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Victoria se aportaron datos a la Justicia para atender el problema. En este sentido, desde la municipalidad se compartió un informe de la organización global sin fines de lucro dedicada a la conservación y restauración de humedales Wetlands International, donde se muestra la cantidad de endicamientos en el Delta. “Entre julio de 2013 y julio de 2018 se detectaron 173 endicamientos nuevos con un total 19.695 hectáreas”, dice ese informe.
Y agrega: “Si analizamos el uso actual de los endicamientos, se observa que la mayor superficie corresponde a áreas sin datos, seguidas por el uso ganadero y luego por el forestal y el mixto en superficies similares. La cobertura de endicamientos con usos residenciales/urbanos constituye una proporción menor del territorio isleño deltaico”.
“Hasta ahora el tema ha sido tratado como una cuestión ambiental y judicial, no encarándose la arista policial, que es la más adecuada para detectar a los iniciadores de los incendios, cuando estos son intencionales. Actualmente, los actores intervinientes, como las Brigadas de extinción de incendios y la Justicia Federal, actúan con posterioridad a la producción de los focos ígneos. No los previenen”, planteó Maiocco.
El jefe comunal de Victoria sostuvo que de momento, “hay afectados a la extinción de los incendios en las islas cien efectivos de diversas extracciones, dos helicópteros para transporte de efectivos, un avión hidrante y otros recursos. Pero esta afectación de recursos humanos y materiales no logra detener los incendios porque no tienen como misión la prevención”.
Al respecto, sostuvo además que “la afectación de recursos de similar magnitud en un área de seguridad para la prevención, resultaría mucho más útil para la defensa del humedal, ya que actuaría como disuasiva (por presencia permanente en el territorio) y en forma directa en la detención de los autores del delito de incendio”.
Finalmente, el presidente municipal argumentó: “La idea de atribuir las acciones incendiarias a los propietarios o poseedores de inmuebles en las islas, por vía de fotos satelitales o registros de los faros de conservación y planos catastrales, ha sido totalmente inconducente. Esto se debe a que, si bien los que se detectan son propietarios de inmuebles, no puede imputárseles a los mismos la comisión del delito de incendio cuando demuestran en las indagatorias que no estuvieron presentes en las islas al momento de producirse los incendios en sus propiedades”.
Fuente: Paralelo32/Entre Ríos Ahora
