Bienes Personales ya había sido motivo de duros cruces entre oficialismo y oposición en diciembre pasado. La oposición de Juntos por el Cambio promovió entonces, en Diputados, la sanción definitiva de un proyecto olvidado, demorado, que preveía levantar el mínimo no imponible.
Ante esta movida opositora, el Frente de Todos coló su agenda en el proyecto. Reunió los votos en una ajustadísima mayoría para incluir un artículo en el que dispuso un incremento en Ganancias para los patrimonios más altos y para los bienes en el exterior, a los fines de compensar la menor recaudación por Bienes Personales.
La oposición votó en contra de esa nueva redacción. El peronismo lo aprobó con 127 votos contra 126, mayoría en la que fueron claves las voluntades de la izquierda y de legisladores de fuerzas provinciales. La sanción definitiva tuvo lugar unos días después, el 28 de diciembre en el Senado. La oposición se retiró del recinto y denunció judicialmente la sesión por cuestiones formales.
El mínimo no imponible se elevó de 2 a 6 millones de pesos mientras que, por Impuesto a las Ganancias (que impacta en la coparticipación a las provincias) se incrementaron las alícuotas para los patrimonios más altos y para los bienes en el exterior.
El rechazo opositor fue cuestionado por los gobernadores –incluido Gustavo Bordet– que esperaban incrementar los recursos para las provincias en concepto de lo recaudado por Ganancias. El mandatario entrerriano fustigó la decisión de los legisladores opositores entrerrianos de no acompañar el proyecto de ley, luego de haber rechazado el Presupuesto lo que implicó pérdidas para Entre Ríos.
Derogación
Además de Lena y de Frigerio, adhieren con su firma al proyecto de Tetaz, Javier Milei y la diputada de su bloque Victoria Villarruel; Alejandro Finocchiaro, Fernando Iglesias y Alberto Assef del PRO.En los fundamentos del proyecto de eliminación del impuesto, cuya nueva prórroga vence en diciembre, consigna que fue creado por un período de 9 años que ha sido sucesivamente prorrogado y que ya lleva 31 años en vigencia.
Asegura que supone el 1,3 por ciento de la recaudación del Estado e insta a “devolver las bases imponibles plenamente a las provincias” lo que desde su punto de vista “aumenta la responsabilidad fiscal de los gobiernos locales”.
Consideró que se trata de “un tributo de diseño deficiente que no grava el patrimonio sino los activos que son manifestaciones imperfectas de la capacidad contributiva”. Asegura que “la tendencia moderna” es grabar “los flujos y no las fuentes que los generan, porque esta última conducta reduce los incentivos a acumular capital y puede incluso ser confiscatoria”.
Según la información oficial publicada por el Ministerio de Economía de la Nación, a junio de 2022 la recaudación por Bienes Personales, en un año, fue de 87.521 millones de pesos.
Fuente: Página Política
