La dirigente fue electa concejal en 2003 por el Peronismo; y se alineó políticamente con el entonces intendente Raúl Riganti. En 2011, Riganti fue reelecto como intendente; Gette, como concejal.
Desde el 17 de mayo de 2009 hasta el 10 de mayo de 2012 pudo cobrar sin trabajar en la docencia: durante ese período presentó un certificado por enfermedad que le permitió no asistir a cubrir su puesto de maestra en una escuela de Gualeguay.
Sin embargo, esa enfermedad no le impidió realizar su tarea de concejal y ser, a la vez, jefa de la Oficina del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas (supliendo a la titular que se jubilaba).
Como si esto no fuera poco, también se descubrió que le facturaba al Municipio de Larroque como monotributista, porque prestaba servicios en la Oficina de Proyectos.
La situación irregular en la que pueden incurrir los funcionarios o empleados está estipulada en el artículo 40 de la Constitución entrerriana, que dice: “No podrán acumularse en una misma persona dos o más empleos, aunque el uno sea de la Provincia y el otro de la Nación, municipio o comuna, con excepción de los del magisterio y los de carácter profesional técnico cuando la escasez del personal haga necesaria la acumulación. Fuera de estos casos, la aceptación del nuevo empleo hace caducar el anterior”.
Gette dejó de ser concejal en diciembre de 2015 y en julio de 2016 fue revocado su nombramiento en el Registro Civil. Sin embargo, avanzó una denuncia administrativa por el cobro indebido de haberes.
Ahora la exedil firmó un convenio de pago con la Fiscalía de Estado para devolverle al Estado entrerriano la suma de 105 mil pesos en concepto de capital e intereses de actualización y 15 mil pesos en concepto de honorarios. En total: 120 mil pesos.
El plan de pago fue autorizado por el gobernador Gustavo Bordet y su ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, a través del decreto Nº 1076 del 13 de julio de este año.
En la norma se explica que la exconcejal realizó una propuesta de pago en el marco de las actuaciones caratuladas ‘Oficina Anticorrupción y Ética Pública remite Actuaciones R.U. Nº 1.490.645 s/ Denuncia acumulación indebida de cargos’, bajo el expediente Nº 463-13.
Convenio de pago Valeria Gette by Entre Ríos Ahora
Dice el decreto que “en los autos referenciados, se ha determinado por el Honorable Tribunal de Cuentas, el importe en concepto de capital adeudado en la suma de pesos noventa y dos mil quinientos ochenta y siete con treinta centavos ($ 92.587,30) y respecto de los honorarios la Fiscalía de Estado los ha estipulado en pesos quince mil ($ 15.000,00)”.
Se agrega que “la señora Gette –mediante la nota referida– ha efectuado una propuesta de pago, de conformidad con sus posibilidades económicas, consistente en abonar en un único pago y en dinero en efectivo la suma de pesos ciento cinco mil ($ 105.000,00) en concepto de capital e intereses de actualización y de pesos quince mil ($15.000,00) en concepto de honorarios”
Finalmente, se consideró conveniente aceptar la propuesta “en atención a la actual coyuntura económica y social”.
Cargos superpuestos con luz verde política
Esta situación irregular fue denunciada por Claudia Gómez, quien se desempeñaba como jefa suplente del Registro Civil de Larroque; y Mariela Benítez empleada administrativa, además representante local de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Las denunciantes expusieron que en el transcurso de 2011, Gette faltó 76 veces al Registro Civil.Las mujeres llegaron a encadenarse frente a la Casa de Gobierno en abril de 2013, exponiendo la situación.
Américo Schvartzman, dirigente socialista de Concepción del Uruguay, relató cómo la edil fue protegida durante años. “El poder de Riganti durante el urribarrismo fue tal que el nombramiento de su protegida sorteó todos los escollos legales. La Secretaría de Justicia de la provincia, todavía a cargo del también larroquense Rubén Virué, desaconsejó la designación de la concejala en el Registro Civil de Larroque, precisamente por advertir la evidente incompatibilidad. Pero pese a ese dictamen, el director del Registro Civil de la Provincia, Gervasio Labriola, la designó”.
En la historia de la concejal incompatible, Labriola hizo su parte: la nombró al frente del Registro Civil de Larroque en mayo de 2012 –ya siendo concejal-. El entonces secretario de Justicia Virué revocó la designación, pero el entonces titular del Registro Civil provincial volvió a nombrarla y su designación fue ratificada mediante el decreto Nº 2204 del 11 de julio de 2012, firmada por el gobernador Sergio Urribarri y su entonces ministro de Gobierno Adán Bahl.
Ante la falta de respuestas, las denunciantes de la concejal incompatible acudieron al INADI para que tome cartas en el asunto. Allí plantearon que hubo un acto discriminatorio debido a que el puesto de titular del Registro Civil de Larroque le correspondía a Claudia Gómez.
El organismo, en cambio, consideró que el asunto era competencia de la Oficina Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. La Oficina tomó el caso y en 2012 derivó el expediente al Tribunal de Cuentas, bajo el número 1490645 con el rótulo “Denuncia acumulación indebida de cargos”.
En diciembre de 2015, Gette dejó de ser concejal. Al año siguiente, el 15 julio de 2016, el entonces ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, revocó el nombramiento en el Registro Civil de Larroque. Lo hizo mediante el decreto N° 1716 MGJ. En esa misma decisión, encargó la atención de la jefatura de la oficina a la agente Claudia Gomez, legajo N° 173233, categoría 8 administrativa.
El 3 de abril de 2017, el Tribunal de Cuentas determinó “que se halla probado que el CGE abonó haberes a la agente individualizada por funciones que no prestara en razón de argumentar falsamente padecer una enfermedad que le impedía trabajar”.
El organismo que preside Federico Tomas calculó que la suma mal habida ascendió a 169.287,30 pesos, que se componen de dos partes: 92.587,30 que le adeuda a la Provincia por los haberes abonados por el CGE, y 76.700 a la Municipalidad de Larroque por los montos facturados.
Ahora, tras 8 años de procesos administrativo, la exedil, finalmente, devolverá al Estado -una parte- el dinero que cobró indebidamente.
Fuente: Entre Ríos Ahora
