La Fundación Cauce: Cultura Ambiental – Causa Ecologista presentó ante la jueza de feria Adriana Acevedo una medida cautelar que ordene a las autoridades públicas provinciales, que se abstengan de habilitar nuevas canteras en la zona de extracción de arenas silíceas en el territorio provincial.

El escrito fue presentado a causa de la realización de audiencias públicas en el departamento de Islas del Ibicuy para la instalación de dos canteras y planta de lavado en la provincia. En caso de que se realicen estos emprendimientos, previstos entre los kilómetros 181 y 183 de la ruta nacional Nº12 del distrito Ceibas, se estaría incumpliendo un mandato judicial firme, dijo la entidad.

«En efecto, se estaría desobedeciendo la orden judicial dictada por la jueza Valentina Ramírez Amable: vulnerando de manera flagrante los principios de prevención y precaución, ante la clara e imperiosa necesidad de revertir la situación extractiva sin control que continúa ocurriendo en la zona», alertó.

Efectivamente, el 27 de mayo de 2022 la Justicia ordenó al Gobierno entrerriano y a la Municipalidad de Ibicuy -en el departamento Islas, en el sur de la Provincia- «la suspensión preventiva y precautoria de todo trámite municipal y/o provincial de otorgamiento, habilitación y/o renovación, de permisos de uso, certificados de aptitud ambiental y/o finalización de trámites de Evaluación de Impacto ambiental que se relacionen con emprendimientos de extracción de arenas silíceas y/o de plantas de lavado de arenas silíceas hasta tanto se concluya la confección del Estudio de Impacto Ambiental acumulativo ordenado».

Se trata de una resolución de ejecución de sentencia dictada en el marco de r la acción de amparo ambiental interpuesta por Fundación Cauce y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra el Gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Ibicuy y la empresa YPF S.A. por su accionar y omisiones en relación a la planta de lavado y clasificación de arenas silíceas de YPF ubicada en un área natural protegida, en cercanías a una escuela y un barrio.

La sentencia, dictada por la jueza María Valentina Gabriela Ramírez Amable, vocal de la Sala Tercera de la Cámara Segunda Civil y Comercial, dictada el 27 de mayo, fue apelada por las partes de mandadas. Al respecto, la directora ejecutiva de Fundación Cauce, Valeria Enderle, expresó: «Apelan esta resolución siendo conscientes de que incumplieron la sentencia dictada y que continuaron habilitando canteras y plantas de lavado, cuando el objetivo de un estudio de impacto ambiental acumulativo es evaluar los efectos de la actividad y prevenir posibles daños a los ecosistemas».

La jueza Valentina Ramírez Amable, presidenta de la Cámara II, Sala III de Apelación Civil y Comercial de Paraná, admitió la demanda de amparo ambiental y ordenó a YPF SA que sustituya el uso del floculante “Sanuroil 8040”, producto que utiliza la empresa para el tratamiento del agua, considerado nocivo y contaminante. Ese punto fue revocado ahora por el STJ.

Ahora, dice la Fundación Cauce, el fallo de Ramírez Amable, confirmado en ese punto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), «ordena realizar un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo -con amplia participación ciudadana-, con el objeto de precisar los efectos que tiene sobre el ambiente la actividad de extracción de arenas silíceas».

«Mientras ello no se cumpla, y conforme se ha resuelto en el marco de la ejecución de la sentencia del amparo ambiental, han quedado suspendidos los trámites municipales y provinciales de otorgamiento, habilitación o renovación relativos a estos emprendimientos extractivos», recordó la entidad ecologista.

Y agrega: «Llamativamente, la Secretaría de Ambiente ha decidido ignorar esto, disponiendo la tramitación de nuevos expedientes que tienen por objeto la instalación de nuevas canteras en el territorio provincial. Es decir, que nos encontramos no sólo ante la violación, desconocimiento e incumplimiento de una manda judicial sino también ante una flagrante violación del principio de prevención ambiental que buscar evitar que se produzcan mayores daños ambientales».

En ese sentido, desde la entidad resaltan: «Abogamos por una magistratura activa y confiamos en que se dictarán las medidas tendientes que impidan a las autoridades públicas avanzar y continuar con las autorizaciones, para lograr así una adecuada y efectiva protección ambiental. Caso contrario, los daños serán irreversibles, tanto para el ambiente como para la población y los principios republicanos».

Fuente: Entre Ríos Ahora
Islas del Ibicuy
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