La audiencia de remisión de la causa a juicio se realizará el 14 de junio en los Tribunales de La Paz, ante el juez de Garantías Walter Carballo.

Según informó Entre Ríos Ahora, el fiscal Oscar Sobko pide una pena de 1 año de prisión condicional para el ex magistrado en el marco de la causa que se abrió en los primeros meses de 2021.

Son dos legajos los que se acumularon, uno iniciado por dos comerciantes y un empleado de un kiosco con quienes Castrillón tuvo un altercado el domingo 28 de marzo de 2021 siendo todavía juez del máximo tribunal de la provincia; y otro que se abrió por la denuncia de Carlos Miguel Barbosa, padre del fiscal de La Paz, Facundo Barbosa, hoy en Gualeguay.

La defensa de Castrillón rechaza que el caso llegue a un juicio. “Es una barbaridad jurídica que una cuestión de vecindad pretenda ser elevada a juicio”, expresó días atrás a Entre Ríos Ahora la defensa del ex vocal del STJ, integrada por los abogados Emiliano Castrillón –sobrino del ex juez- y Rubén Pagliotto.

“Estaba todo dado para conciliar en el marco de la Investigación Penal Preparatoria pero la Fiscalía, arbitrariamente, lo denegó sin notificarle a las supuestas víctimas. Las partes quieren cerrar todo”, agregaron.

No obstante, fuentes judiciales señalaron que el ex magistrado oriundo de La Paz tiene tres caminos: insistir con que el caso se resuelva con una conciliación entre las partes, que es la postura que expresó su defensa; ir a juicio para discutir su verdad ante un Tribunal; o pedir la probation o suspensión de juicio a prueba, en la que se comprometa a realizar trabajos comunitarios o dar algún tipo de reparación económica a las personas afectadas en la causa. La Fiscalía, se supo, podría acceder a esta última alternativa como salida al conflicto penal.

Las causas

El domingo 28 de marzo de 2021, Mariano Lukacs y Natalia Lukacs, dueños de El Kioscaso, y su empleado Celso Chamorro denunciaron por daños y amenazas al ex presidente del STJ, por daños en el local ubicado en calle Sáenz Peña y Belgrano de La Paz.

Mariano Lukacs refirió en sede policial que alrededor de la 1.44, cuando se encontraba trabajando en el maxikiosco del cual es dueño, “se hizo presente el señor Emilio Castrillón y sin dar motivo empezó a voltear las góndolas del negocio, tirándole una botella de cerveza al empleado que se encontraba atendiendo”.

Tras la difusión de la versión de los kiosqueros, el entonces magistrado hizo saber a los medios su versión de los hechos: que cerca de las 2 de la madrugada solicitó al dueño del comercio que baje el sonido de la música y que, ante la negativa, la discusión subió de tono y terminó siendo golpeado por cuatro personas. Además, aseguró que en el lugar había cerca de 300 personas que no cumplían los protocolos sanitarios por la pandemia.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda, de Radio de la Plaza, dijo que en ese momento “estaba enojado, no excesivamente” pero ingresó al lugar “para exigir que bajen la música”. Y agregó: “Cuando yo entré en el lugar, el empleado quiso dar vuelta al mostrador para correrme, y ahí le puse un exhibidor en el camino para poder salir sin que me agarre. Al salir, me caí en unos escalones y ahí me patearon en el piso entre tres o cuatro, me fisuraron tres costillas, me lastimaron todos los brazos. Me trastabillé, caí en la vereda y ahí me patean en el piso hasta que me levanté y salí”.

Por este hecho intervino el fiscal Facundo Barbosa –hoy en la Fiscalía de Gualeguay- y Castrillón lo recusó de la causa porque, según señaló, “falseó datos” de un vehículo que se encontraba en el lugar y que estaba a su nombre. Luego el funcionario explicaría que se trataba de un auto que le había vendido a su hermano.

En medio de la tramitación del caso, hubo un altercado entre Castrillón y el padre del fiscal Barbosa, Carlos Miguel Barbosa. Según denuncia Barbosa padre, el vocal del STJ le envió una catarata de mensajes de WhatsApp de tono amenazante.

Finalmente, el ex vocal impugnó la postulación de Facundo Barbosa para ocupar un lugar en la Unidad Fiscal de Gualeguay, pero no tuvo éxito. El Senado aprobó el pliego.

En tanto, en medio de un pedido de juicio político, el vocal de la Sala Civil y Comercial y ex presidente del STJ se convirtió en un jubilado más, dado que la Caja de Jubilaciones y Pensiones le otorgó el beneficio previsional y cesó en su actividad laboral activa.

Fuente: Análisis.
Sociedad
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