Se nacionalizó la pelea por los honorarios y la defensa a Simón
Además, salió en defensa de la presidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, María Marta Simón, la primera mujer en ejercer ese cargo en la provincia desde 2023.
La entidad nacional fijó postura “ante los recientes hechos que pretenden desacreditar su accionar gremial y cuestionar infundadamente su integridad ética”.
“Expresamos nuestro desacuerdo con las manifestaciones agraviantes vertidas por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos en contra del CAER y de su Presidente (sic), que no solo lesionan la imagen y el rol de representación que se ejerce legítimamente, sino que también pretenden socavar el ejercicio libre y autónomo de la defensa de los intereses profesionales de la abogacía”, planteó la Federación de Colegios de Abogados.
Y sumó: “Esta Federación ratifica su compromiso con la defensa irrestricta del Estado de derecho, de las instituciones representativas de la abogacía organizada, del rol medular que cumplen dentro de la sociedad y del libre ejercicio de la profesión en un marco de respeto y legalidad, frente a cualquier intento de limitar la función institucional de los colegios de abogados o de su participación activa en los asuntos que atañen a la profesión”.
En los últimos días, estalló una guerra impensada entre los abogados y los jueces y camaristas a raíz de un diferendo en torno a la aplicación de la Ley Nº11.141, que aprobó la Legislatura en la actual gestión y que reacomodó el valor de los honorarios profesionales. Una serie de fallos judiciales que han regulado honorarios perforando el mínimo que establece la ley generó el malestar de los abogados.
El Colegio de la Abogacía hizo actuar entonces a su Observatorio de Honorarios y envió misivas a jueces y camaristas recordándoles la vigencia de la Ley de Honorarios.
Fue entonces que la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, que encabeza Alejandro Cánepa, reaccionó y envió una carta a la presidenta del Colegio de la Abogacía, María Marta Simón, y le enrostró que esas comunicaciones lindaban con "aprietes" y rozaban la figura penal de "coacciones".
En el incidente terció la conducción provincial del Colegio de la Abogacía que le enrostró a la Magistratura el “ataque institucional, digital y moral” que recibió la presidenta de la institución, María Marta Simón. Y les recordó que la entidad había salido en defensa “del ejercicio profesional de los colegiados y en la promoción de una administración de justicia que garantice el respeto a la ley”.
“Las observaciones realizadas por este Colegio respecto a la aplicación de la Ley 11.141 responden al legítimo interés de asegurar una retribución justa y equitativa para los profesionales de la abogacía, tal como lo establece la normativa vigente y jamás pueden interpretarse como un `apriete` o coacción”, añade.
Fuente: Entre Ríos Ahora