Las pymes hacen lobby en Diputados para bajar Ingresos Brutos
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) de Entre Ríos impulsa un proyecto de ley para declarar la emergencia del sector que los beneficie con un alivio fiscal. Plantean a Rogelio Frigerio una reducción del 50% en Ingresos Brutos, la baja del impuesto automotor para las empresas, y otros beneficios.
El texto ya está en la Cámara de Diputados y espera ser tratado en comisión. Aunque la posibilidad de que avance está atada directamente al visto bueno del ministerio de Economía, en manos de Fabián Boleas, el presidente de la comisión de Hacienda de la cámara baja, Bruno Sarubi, sostuvo que está la voluntad de tratar el tema, de escuchar y, luego, evaluar.
El proyecto lleva la firma de Andrea Zoff, del bloque Más para Entre Ríos. La diputada contó que cuando Luis Lozar, titular de APYME en Entre Ríos, acercó la propuesta, ella no fue muy optimista respecto de la suerte que pudiera correr el trámite. Sin embargo, que avance en Diputados es un logro y están dispuestos a morigerar la iniciativa si el oficialismo le da cabida.
El lobby para reducir impuestos a las pymes
El lobby de los pequeños empresarios es una entente encabezada por Lozar, pero que tiene también entre sus espadas a Héctor Paván (Cámara de Almaceneros de Concepción del Uruguay), Adrián Lampazi (Centro Comercial e Industrial de Concordia), Marcelo Ruggeri (Comerciantes del microcentro de Paraná), Adolfo Solari (Centro Comercial Industrial Gualeguaychú), Leo Schey (Cámara de Turismo), Macelo Sarli (referente almacenero de Paraná), Luís Zapata (presidente Talleristas de Paraná), y otros referentes de distintas actividades que se verían beneficiados.
Los empresarios explicaron que el tesón está en mostrar el proyecto a la opinión pública, promoverlo entre los legisladores y llegar con el mensaje al gobernador. Aseguraron que están dispuestos a conversar y ajustar la letra con el gobierno, sin ceñirse al texto original, que está inspirado en un proyecto de ley que presentó la organización nacional en el Congreso.
Para defender el texto, insisten con que la aplicación será “realmente a los más chicos”, en referencia a empresas con uno o dos empleados. Plantearon que es una “ley equilibrada”, que “le va a servir al gobernador como bandera política para decir que nosotros acá, en Entre Ríos, ya estamos trabajando en reducciones de impuestos como pide Nación”, acicateó Lozar.
El impacto fiscal será un tema ineludible en la discusión parlamentaria. Sin embargo, en la previa es difícil construir el número puesto, que las variables necesarias para obtenerlo deben provenir necesariamente de distintos entes del Estado. El sector apunta que las micro y pequeñas empresas representan casi el 97% de las pymes entrerrianas.
Qué dicen en la Legislatura
Sarubi ya tomó contacto con los impulsores del proyecto y prometió darle tratamiento. Si todo sale bien, la semana próxima será la primera reunión de la comisión de Hacienda en donde expondrá APYME.
Desde el oficialismo aclararon que la viabilidad vendrá solo con la venia de la Casa Gris. Van a escuchar, darle tratamiento y luego evaluar, explicó Sarubi. El legislador aseguró que “la voluntad política está”. Falta considerar la factibilidad fiscal.
A Zoff, por su parte, la entusiasmó el empuje de los pequeños empresarios. “Que lo traten es un primer paso”, dijo. Aclaró que se habla de micro y pequeños empresarios, dejando fuera a los medianos, y que la normativa aplicaría a empresas con hasta 35 empleados y con un tope de facturación que da ARCA para la categoría.
La legisladora apuntó que, consciente de que este tipo de proyectos rara vez avanzan desde la oposición, están dispuestos a realizar todas las modificaciones necesarias e incluso apoyar otro texto de similares características.
Qué dice el proyecto
El proyecto de ley plantea la declaración de la “emergencia económica, productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria” para las pymes en la provincia por el término de 12 meses, con opción a que el Ejecutivo la prorrogue.
Para ser alcanzadas por la norma, las empresas deberán contar con certificado MIPyME del “Programa de Recuperación Productiva” y encuadrar dentro de las características de la ley de “Promoción del Crecimiento y Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas”. Se incluye a las cooperativas y fábricas o empresas recuperadas y a los agricultores y agricultoras familiares.
Si el proyecto se convierte en ley supondrá una reducción del 50% de la alícuota aplicable a las actividades comerciales, industriales y de servicios, la suspensión de la retención y percepción de Ingresos Brutos, un diferimiento de hasta seis meses en los vencimientos sin aplicación de intereses resarcitorios y punitorios para los inmuebles directamente afectados a la actividad.
Además, una reducción del 50% del Impuesto Automotor correspondiente a vehículos utilitarios, de transporte y de carga. Y la exención para los actos, contratos u operaciones de créditos, refinanciaciones y garantías celebrados por las pymes con entidades financieras públicas o privadas, siempre que estén destinados a capital de trabajo o inversión productiva.
Además, se prevé la suspensión de ejecuciones fiscales, como así también planes especiales de pagos para deudores de la agencia tributaria provincial. Y, solo para usuarios de la empresa de energía provincial, la reducción del 50% de los eventuales aumentos tarifarios.
En el documento en tratamiento se subraya que los beneficiarios de la ley no podrán reducir la plantilla de trabajadores.
Fuente: Letra P