La Corte Suprema ordena implementar plan integral contra incendios en el Delta del Paraná
La Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado Nacional y a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, junto con los municipios de Rosario y Victoria, a implementar el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP).
La Asociación Civil Equística inició en junio de 2020 un amparo ambiental contra las quemas ilegales de pastizales en las islas del Delta frente a Rosario, que generaban humo y hollín afectando la salud de los habitantes.
La mayoría de estas islas corresponden a la jurisdicción de Entre Ríos, específicamente al municipio de Victoria, según el fallo al que accedió R2820.
Medidas cautelares
En agosto de 2020, la Corte ordenó la creación de un Comité de Emergencia Ambiental (CEA) en el marco del PIECAS-DP, plan que existe desde 2008, pero que no había sido implementado efectivamente.
Los informes técnicos determinaron que los incendios provienen de fuegos intencionales relacionados con el manejo de pasturas para ganadería extensiva, agravados por la bajante histórica del Río Paraná y la falta de control efectivo del territorio.
La sentencia
El fallo de este 4 de diciembre, al que accedió R2820, obliga a las jurisdicciones involucradas a: Instalar equipamiento e infraestructura para sistemas de alerta temprana; Implementar la Red de Faros de Conservación; Ejecutar un Plan Sistemático de Control; Desarrollar un Plan de Manejo del Fuego para el Delta y tener una coordinación interjurisdiccional.
La Corte destacó que el problema ambiental es compartido por cuatro jurisdicciones y requiere trabajo coordinado entre Nación, provincias y municipios. Sin embargo, los informes presentados mostraron que el diálogo institucional previsto en el PIECAS-DP no se estaba desarrollando adecuadamente.
El tribunal aclaró que su rol fue identificar las áreas afectadas, las causas de los incendios y establecer las herramientas institucionales necesarias. El seguimiento y ejecución del plan corresponde a las autoridades políticas competentes, dada la naturaleza cíclica del problema.
La sentencia representa un hito en la protección de los humedales del Delta y establece responsabilidades concretas para todos los niveles del Estado en la prevención de incendios y la conservación ambiental.