Proponen eximir de Ingresos Brutos a los sectores de menores ingresos en Entre Ríos
La iniciativa es autoría de la legisladora de Gualeguaychú que aseguró que “no es razonable que quienes menos tienen sostengan una carga tributaria que termina siendo regresiva”.
En un contexto económico complejo, el proyecto plantea aliviar de manera concreta la situación de pequeños comerciantes,
trabajadores independientes y emprendedores que están en la base del sistema productivo, ya que alcanza a la Categoría A del Régimen Simplificado Provincial y para quienes se encuentren contemplados en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente.
El proyecto establece que "la exención será automática, sin trámites ni burocracia adicional, garantizando un acceso directo al beneficio, aunque manteniendo las obligaciones formales correspondientes", dijo Lorena Arrrozogaray.
Asimismo, propone modificar la Ley Impositiva vigente para fijar en $0 el impuesto mensual para la Categoría A, mientras que el resto de las categorías continuará con los valores establecidos.
Desde una mirada integral, la propuesta "no sólo apunta a reducir la presión fiscal sobre los sectores más vulnerables, sino también a promover la formalización y fortalecer la economía real. Cuando el sistema impositivo castiga a quienes recién empiezan o apenas sostienen su actividad, lo que genera es más informalidad y desigualdad", valoró la diputada peronista.
En ese sentido, Arrozogaray explicó que el proyecto corrige una "contradicción evidente", ya que mientras el régimen nacional promueve la inclusión y la formalización, la carga provincial termina funcionando como un obstáculo para quienes intentan sostener su trabajo.
Además, se trata de una medida fiscalmente responsable. El impacto en la recaudación provincial es bajo, pero el impacto social es alto porque generaría menos presión sobre los que menos tienen, más posibilidades de sostener la actividad e incentivos para permanecer dentro de la economía formal.
La exención tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que permitirá evaluar sus resultados y sostener una política tributaria basada en evidencia y no en decisiones permanentes sin revisión.
Con esta iniciativa, se busca avanzar hacia un esquema impositivo más justo, donde la carga no recaiga sobre los sectores más débiles, sino que acompañe el desarrollo, la producción y el trabajo.