"Es inadmisible": Recchia cuestionó la eliminación de las compensaciones al transporte para personas con discapacidad
Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir y referente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), salió a cuestionar con dureza la decisión del gobierno nacional de eliminar las compensaciones económicas que el Estado pagaba a las empresas de transporte de larga distancia por la entrega de boletos gratuitos a personas con discapacidad.
"Ahora nos quitan la gratuidad del transporte. El transporte gratuito para una persona con discapacidad y un acompañante es un derecho. No es para vacacionar, y si lo fuera, seguiría siendo un derecho", afirmó Recchia en declaraciones a R2820.
El referente subrayó el uso concreto y cotidiano que hacen de ese beneficio quienes más lo necesitan: "Generalmente, se utiliza para ir a tratamientos, terapias, escuela, y sobre todo para quienes no tienen los recursos para trasladarse".
Para Recchia, la responsabilidad recae directamente en el Estado. "Es una obligación del Estado. Las empresas también tienen obligaciones con la sociedad, pero es el Estado el que debe regular todo el sistema social", remarcó.
Sus palabras no se quedaron ahí. Con tono contundente, calificó la situación como parte de un patrón sistemático de vulneración de derechos: "Es inadmisible lo que está haciendo con las personas con discapacidad este gobierno cruel, violento, corrupto y antipatria. Lo que están haciendo con los derechos de las personas con discapacidad en Argentina ya es pasar límites todo el tiempo".
Y apuntó contra la justificación oficial: "Lo peor es que lo dicen en nombre de la moral, como si estuviera mal que la nación cumpla con la Convención Internacional".
La medida oficial
La resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, eliminó el régimen de compensaciones económicas que desde 2018 le permitía al Estado reembolsar parcialmente a las empresas por los pasajes gratuitos otorgados bajo las leyes de discapacidad (22.431), protección de personas trasplantadas o en lista de espera (26.928) y protección integral de niños, niñas y adolescentes con cáncer (27.674).
El gobierno aclaró que las empresas deberán continuar entregando esos boletos sin costo, y que la CNRT será la encargada de fiscalizar su cumplimiento. La argumentación oficial sostiene que la desregulación del sector introducida por el Decreto 883/2024 —que habilitó a las empresas a fijar libremente recorridos, horarios y precios— volvió innecesario el sistema de compensaciones.
Sin embargo, para referentes del sector de la discapacidad como Recchia, la eliminación del financiamiento estatal pone en riesgo real la efectividad de un derecho que, en la práctica, muchas familias dependen para acceder a sus tratamientos esenciales.