Bahillo denunció que el oficialismo quiere vaciar una ley que aprobó hace un mes
El diputado provincial Juan José Bahillo, del bloque Más para Entre Ríos (PJ), alertó este martes que el oficialismo de Juntos por Entre Ríos pretende modificar un artículo clave de una ley que votó hace apenas un mes, con el objetivo de habilitar la concesión a privados de servicios esenciales del Estado provincial.
En un hilo publicado en la red social X, Bahillo señaló que la Legislatura entrerriana aprobó a principios de mayo la Ley 11.280, que establece el nuevo Régimen General de Concesiones de Entre Ríos, y que el propio gobernador Rogelio Frigerio la promulgó.
Sin embargo, el bloque oficialista impulsa ahora una reforma sobre el artículo 5° de esa norma, que es precisamente el que fija los límites de lo que puede y lo que no puede concesionar.
La redacción vigente de ese artículo excluye explícitamente a "la educación pública, salud pública, seguridad, justicia y el sistema penitenciario" de cualquier modalidad de concesión, privatización o transferencia a terceros.
La modificación propuesta, según Bahillo, eliminaría esa prohibición y dejaría al Estado solo con "funciones regulatorias y de control", habilitando la gestión de esas áreas por parte de privados.
"La diferencia no es técnica ni menor. Es política y sustancial. Donde hoy existe una prohibición categórica, mañana podría existir una habilitación para concesionar funciones esenciales", escribió el legislador peronista, quien cuestionó además la coherencia del oficialismo: "Resulta difícil comprender cómo quienes defendieron la ley hace pocas semanas ahora sostienen exactamente lo contrario".
𧵠El oficialismo quiere modificar una ley que aprobó hace apenas un mes. Y no se trata de un cambio menor: pretende eliminar una protección clave para impedir la privatización de funciones esenciales del Estado. Abro hilo.
— Juan José Bahillo (@JuanjoBahillo) June 2, 2026
Bahillo recordó que la cláusula protectora fue incorporada durante el debate legislativo, a instancias de la oposición, precisamente para garantizar que esas áreas sensibles quedaran bajo responsabilidad directa del Estado.
Adelantó que desde su bloque defenderán el texto vigente y cerraron su postura con una definición clara: "La educación, salud, justicia y seguridad no son servicios más: son derechos fundamentales y responsabilidades indelegables del Estado".