Con respaldo de gualeguaychuenses, presentaron una cautelar para frenar el debate de la Reforma Previsional
El Estudio Jurídico Giampaolo & Asociados, de Concordia, realizó una presentación colectiva ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, con una solicitud de una medida cautelar tendiente a solicitar que las cámaras legislativas "suspendan el tratamiento del proyecto de Reforma Jubilatoria hasta que se convoque a una consulta popular".
La presentación del recurso se hizo en representación y acompañamiento de numerosos referentes sociales, jubilados, pensionados, dirigentes gremiales y militantes de distintas localidades de la provincia, entre ellas Concordia, Paraná, Victoria, Villaguay y Gualeguaychú.
La acción judicial fue promovida en el marco de las facultades que otorga la Constitución de Entre Ríos para aquellos casos colectivos de relevante incidencia institucional que habilitan la competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia.
Desde la presentación se sostiene que cualquier modificación de derechos sociales debe analizarse a la luz de los principios consagrados por los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la República Argentina, los cuales establecen la prohibición de adoptar medidas regresivas en materia de derechos sociales, previsionales, sanitarios y de seguridad social, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas.
A través de esta cautelar, se solicitó que se disponga la suspensión provisoria del tratamiento legislativo del proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y que, previo a cualquier avance parlamentario, se convoque a una consulta popular y pública, tal como prevé la Constitución Provincial para asuntos de significativa trascendencia institucional y social.
La petición se fundamenta en la convicción de que la reforma propuesta excede ampliamente una modificación administrativa o de organización estatal ordinaria. Por el contrario, implica alteraciones sustanciales en derechos previsionales, condiciones jubilatorias, montos de aportes, proyectos de vida y facultades legislativas que se delegan, que impactan de manera directa sobre miles de trabajadores activos, jubilados y pensionados entrerrianos.
Asimismo, advirtió sobre la elevada conflictividad judicial que podría derivarse de la eventual aprobación de la norma. Diversos integrantes y exintegrantes del Poder Judicial, incluyendo magistrados vinculados a instituciones de la magistratura y exvocales del Superior Tribunal de Justicia, han expresado públicamente su preocupación respecto de la posible proliferación de litigios derivados de la aplicación de la reforma.
Entre los cuestionamientos planteados se encuentran modificaciones vinculadas a la edad jubilatoria, los porcentajes de aportes y la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo Provincial en materias que, constitucionalmente, corresponden al ámbito de decisión de la Legislatura.
En ese sentido, se entiende que una consulta popular previa constituye una herramienta democrática fundamental para otorgar legitimidad institucional y participación ciudadana a un debate de semejante trascendencia para el futuro del sistema previsional entrerriano.