Otorgaron 48 horas al Gobierno para responder un amparo judicial por los comedores escolares
El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, comenzó a tramitar el amparo colectivo presentado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la ONG ambientalista Fundación Cauce y un grupo de padre de niños que asisten a escuelas del Estado que procuran frenar la implementación del nuevo sistema de distribución de insumos para desayunos y meriendas en los comedores escolares del Estado.
El magistrado le otorgó al Gobierno un plazo de 48 horas -son hábiles, por lo cual vence el martes, a las 15- para que remita todas las actuaciones relacionadas con la licitación N° 02/26, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta.
El Ejecutivo contrató la provisión de insumos para los ciclos lectivos 2026 y 2027 por un importe de $101.726.784.000. El Estado pagará por cada ración $1.600. Y se estima que las cantidades máximas estimadas para ambos ciclos lectivos (2026 y 2027) ascienden a aproximadamente 63.579.240 raciones.
La empresa adjudicada resultó Teknofood SA.
Receptado el amparo -que incluye una medida cautelar- el juez Malvasio requirió al Gobierno “que en el plazo perentorio de cuarenta y ocho horas presente en estos autos -por presentación digital- la totalidad de las actuaciones administrativas vinculadas a la licitación, contratación o cualquier otro procedimiento administrativo llevado a cabo para la adquisición y/o provisión de los alimentos que se pondrán a disposición en breves días en los comedores escolares de las instituciones educativas que dependen del CGE y toda otra en la que se procure la tramitación para provisión de alimentos destinados a los alumnos que concurren a escuelas públicas (desayunos, y meriendas), incluyendo pliegos, ofertas, dictámenes y actos de adjudicación”.
En el amparo los accionantes piden “una medida cautelar contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a fin de obtener la tutela inmediata y efectiva del derecho de los niños, niñas y adolescentes que concurren a establecimientos educativos públicos provinciales y son destinatarios del programa alimentario escolar, a recibir una alimentación adecuada, saludable, sostenible, suficiente, segura, variada y culturalmente aceptable”.
Los accionantes pidieron a la Justicia que “se ordene de manera inmediata a la Provincia, a través de sus áreas de injerencia, a abstenerse de ofrecer, servir, entregar o distribuir, en establecimientos educativos dependientes del Consejo General de Educación, de cualquier nivel educativo, todo alimento que contenga uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias, conforme al artículo 12 de la Ley 27.642, debiendo llevar adelante todas las acciones que garanticen simultáneamente y sin interrupción, la provisión de los alimentos que componen los desayunos, almuerzos y meriendas y que se suministran a los niños, niñas y adolescentes que concurren a los mencionados establecimientos educativos, y que no se encuentren alcanzados por dicha prohibición”.
Fuente: Entre Ríos Ahora