La extracción de arena entrerriana: más petróleo a costa de un humedal

El conflicto bélico en Medio Oriente ha posicionado a Vaca Muerta, la gigantesca formación geológica de hidrocarburos no convencionales (shale) ubicada en la Cuenca Neuquina, en el noroeste de la Patagonia argentina, como una alternativa estratégica y un nuevo proveedor energético global.

En abril, YPF, la petrolera estatal que opera este yacimiento, rompió su récord de producción al lograr 628.000 barriles diarios. Esta histórica cifra, que seguirá creciendo según las proyecciones de la compañía, se sostiene por una enrevesada e insostenible logística que empieza en el norte, en otra provincia del país, en Entre Ríos, donde se extrae la arena que se utiliza en la fractura de la roca (fracking) que inicia el acceso al petróleo.

Esta materia prima –12.000 toneladas diarias– se saca de un enorme humedal que está siendo arrasado. Luego, se carga en 1.500 camiones que todos los días recorren los 1.300 kilómetros que separan ambos puntos geográficos, la misma distancia que hay entre Madrid y Milán, por trazar una analogía.

Para entender por qué YPF tiene montado este gigantesco operativo, que involucra a empresas areneras de Entre Ríos, compañías de camiones y miles de conductores que los 365 días del año recorren el país de norte a sur, hay que detenerse en la arena, conocida como sílice, un tipo que en Argentina únicamente se encuentra en los humedales del Delta del río Paraná, ecosistemas claves para la biodiversidad –agua dulce, flora, fauna– de este territorio sudamericano.

Se trata de una arena de alta pureza, de granos duros y resistentes al calor, muy demandada en procesos industriales. Hasta 2015, cuenta Ricardo Luciano, abogado y ambientalista de Gualeguaychú que lleva años denunciando esta «cadena de destrucción», la arena se extraía en pocas cantidades para fabricar vidrio. Sin saber de su existencia, en sus inicios Vaca Muerta la importaba de China, EE. UU. y Brasil a un costo muy elevado, más de mil dólares la tonelada.

Todo cambió cuando la petrolera realizó estudios de estimación de recursos y reservas y se dio cuenta de que podía ahorrar millones de dólares extrayendo arena nacional.

«Las arenas de sílice son como el litio, están presentes en muy pocos lugares del mundo. Hoy la arena de Entre Ríos tiene una de las mejores calidades del planeta por la pureza del grano. El crecimiento en la producción de Vaca Muerta es, en parte, por esta arena», explica este letrado, que vive cerca de los arenales de la localidad de Ibicuy –epicentro de la extracción– que, en silencio, están siendo destruidos.

YPF paga hoy 200 dólares por cada tonelada de arena. En 2025, utilizó cuatro millones de toneladas, 12.000 diarias. «La propia compañía admite que va a necesitar el doble de arena para 2030. La extracción ya es insostenible. Estamos camino de rifar los humedales irremplazables para sostener la exportación de combustibles fósiles», denuncia Luciano.

Jorge Daneri, integrante de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas, otro de los profesionales involucrados en esta cruzada –evitar un ecocidio–, retrata la riqueza geográfica en su afán de dimensionar el daño de este extractivismo. «Estamos hablando de uno de los humedales más maravillosos y grandes del mundo, el de los ríos Paraguay y Paraná, que nace del gran pantanal brasileño, boliviano y paraguayo. Este pantanal tiene la superficie de Francia. Esto hace que haya una riqueza única de tierras y de arenas, delicadas y fuertes a la vez», describe.

Para Horacio Marín, CEO de YPF, esta «pureza» es sinónimo de más petróleo, más exportaciones y más ganancias. En diferentes entrevistas y reportajes sobre Vaca Muerta, reconoció que las otras alternativas –las arenas de Río Negro, por ejemplo– generan «menos eficacia».

A su juicio, usar otra arena podía traducirse en aproximadamente un 20% de pérdida de reservas recuperables, es decir, menor producción final de hidrocarburos por pozo. En términos técnicos, si una arena mantiene «mejor abiertas las fracturas», el pozo produce más. Si bien Marín reconoce que «la logística es muy compleja», la arena de Entre Ríos resulta más rentable en el resultado final.

Los impactos

La arena sílice se extrae a cielo abierto. El proceso demanda mucha agua dulce, almacenada de forma subterránea. Por un lado, denuncia Luciano, las máquinas están «borrando del mapa» geografías inundables, grandes extensiones de terreno que, históricamente, han servido de resguardo para las comunidades locales, la agricultura y la ganadería extensiva. Por el otro, denuncia que se está contaminando supuestamente el agua que bebe la población.

Según calcula, desde que se instalaron las grandes empresas areneras, el hierro y el manganeso se multiplicó por diez, lo que requiere «doble trabajo de purificación del agua». Luciano forma parte de la cooperativa de agua de Ibicuy, donde viven 9.000 personas. Toda la población consume un millón de litros de agua por día.

Las areneras consumen un millón de litros de agua por hora. «Nos vamos a quedar sin agua dulce para potabilizar. Se está rompiendo el ecosistema. La flora y fauna aclimatada a esta geografía está desapareciendo o migrando a zonas que no son hábitats naturales. El desastre es total», insiste el abogado, que lleva años predicando en soledad.

El otro impacto es a nivel vial. Sin infraestructura marítima y ferroviaria, la arena se transporta en su totalidad por carreteras terrestres. Se estima que entre 1.500 y 2.000 camiones circulan diariamente por tres caminos, la Ruta Nacional 5, 15 y 22.

El año pasado, César Güercio, CEO de la principal proveedora de arena de esta industria (NRG), estimó que cada tres minutos hay un camión cargando arena en Ibicuy. Además de las emisiones de CO2, aproximadamente 5.500 toneladas al mes, y de la contaminación (óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión), esta flota de vehículos está desgastando carreteras troncales –en un país que por decisión del gobierno de Javier Milei tiene paralizada la obra pública–, generando cientos de accidentes, alguno de ellos mortales.

«La circulación de camiones es algo monstruoso, imposible de sostener. Estamos frente a una cadena de máxima insostenibilidad que muy pocas voces se animan a cuestionar», dice Daneri.

La batalla judicial

Carlos Cadoppi es ingeniero y productor agropecuario de Entre Ríos. También es tío de Rogelio Frigerio, el gobernador de esta provincia. Meses atrás, envió una carta pública a su familiar advirtiendo de que la extracción de arena está produciendo un doble daño, económico y ambiental.

En su escrito, señala que el humedal Delta del Paraná es el más importante que tiene Argentina. Son 1.700.000 hectáreas distribuidas entre la provincia de Buenos Aires (300 mil); y zona de islas en Santa Fe y Entre Ríos (1.400.000). El humedal abastece de agua dulce a 20 millones de personas, «pero está siendo herido de muerte por un ecocidio imposible de recuperar y de ocultar».

Cadoppi denuncia estudios de impacto ambiental supuestamente falsificados y pagos de impuestos con presuntas irregularidades. Según el Gobierno de Entre Ríos, las arcas públicas se beneficiaron en 2025 de la fiscalización de 1,5 millones de toneladas de arena, cuando las empresas receptoras en Neuquén anunciaron haber recibido cuatro millones de toneladas. Esa diferencia de 2,5 millones de toneladas es el dinero «que falta en hospitales, escuelas y salarios públicos», sostiene. El cálculo de este ingeniero es de 6.600.000.000 de pesos (4.000.000 euros).

Sobre los estudios de impacto ambiental, Daneri agrega que el Programa de Sustentabilidad del Delta Argentino, conformado por el Estado nacional y las provincias de Buenos Aires, de Entre Ríos y de Santa Fe, dictaminó años atrás que las empresas operan con una evaluación realizada cuando la arena se extraía para hacer vidrio, «sin el escenario de las arenas para Vaca Muerta y su gran extractivismo».

El problema, agrega, es que este organismo ha sido vaciado por el gobierno de Milei, por lo que el control es nulo. «El Estado dejó de existir y esto ha generado que se hayan iniciado varias denuncias ambientales y denuncias penales», revela.

Algunos de estos expedientes han logrado paralizar una parte de la extracción y del lavado de la arena. En 2024, la Cámara Segunda de Paraná (otra ciudad de Entre Ríos) ordenó la clausura de una planta lavadora de arena en Ibicuy por contaminación ambiental y uso irregular de aguas subterráneas. En 2025, el mismo juez ordenó a una compañía arenera la suspensión inmediata de la extracción por la falta de estudios e inspecciones en los pozos.

YPF quiere abaratar costos

Lo que ocurre en Entre Ríos forma parte de una problemática mundial –la extracción de arena– de la que Naciones Unidas ha alertado en un informe publicado a principios de mayo. La acelerada y creciente demanda de esta materia prima «está transformando ríos, degradando ecosistemas marinos y debilitando las defensas naturales frente a inundaciones y el aumento del nivel del mar», según la ONU.

Sin embargo, en Argentina, la única preocupación, la que mantiene en vilo a los tomadores de decisiones y a los empresarios, pasa por cómo «mejorar» toda la logística que hay detrás de las arenas de sílice para bajar todavía más los costes de producción.

YPF estudia la posibilidad de crear un consorcio para avanzar en una obra de infraestructura que permita trasladar las arenas por tren. El proyecto asoma como muy difícil de concretar. En la década 1990, en otra experiencia neoliberal, Argentina destruyó su red ferroviaria. El anhelo de la petrolera demandaría una inversión millonaria y varios años de obras.

La otra alternativa, propuesta en las últimas semanas por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, es llevar la arena por el mar, a través de barcos cargueros. «¿Se imaginan cómo mejoraría la competitividad si la arena que va de Entre Ríos a Vaca Muerta pudiera salir por el río Paraná, entrar al puerto de San Antonio y de allí llegar por el río hasta Vaca Muerta?», proyectó en un congreso empresarial.

Lo cierto es que mientras políticos y empresarios organizan conferencias para avanzar en estas soluciones, en Ibicuy son cada vez más los vecinos quienes desconfían del «progreso económico» que vende YPF para la ciudad. Luciano cuenta que días atrás se le acercó un pensionado y le dijo: «Tenía razón, usted. Tengo que reconocerlo. Se están llevando los campos y nuestros humedales en camiones».

Fuente: Climática/La Marea