Cómo se hundió Granja Tres Arroyos: del negocio de Cresta Roja a un pasivo de US$350 millones
La avícola pidió el concurso preventivo y tiene más de 4800 acreedores. Su planta de Concepción del Uruguay fue una de las primeras en cerrar.
La Justicia le concedió solo una parte de las medidas urgentes que solicitó.
Granja Tres Arroyos (GTA) informó ante la Justicia que acumulaba más de $126.000 millones en cheques rechazados. Según el expediente, entró en cesación de pagos el 29 de enero, cuando no pudo afrontar documentos por $2.070.722.822,03.
Un pasivo de unos US$350 millones
Al 31 de diciembre de 2025, los activos de la empresa rondaban los $760.000 millones. Sus pasivos eran de unos $536.000 millones (cerca de US$350 millones al tipo de cambio oficial) y el patrimonio neto, de aproximadamente $224.000 millones.
Un año antes, los pasivos eran de unos $451.000 millones y el patrimonio neto, de $341.000 millones.
Las principales deudas son:
- Préstamos y pasivos financieros: unos $199.000 millones.
- Proveedores: unos $161.000 millones.
- Impuesto diferido: $52.000 millones.
- Deudas laborales y previsionales: $46.000 millones.
- Obligaciones fiscales: $32.000 millones.
Los "Resultados No Asignados" pasaron de un saldo positivo de $3944 millones en 2022 a negativos de $68.969 millones en 2023 y $37.108 millones en 2024.
Para 2025, GTA proyectó un saldo negativo de $122.052 millones. Además, la firma señaló que el auditor externo incorporó por primera vez un párrafo de énfasis sobre su situación económica y financiera.
Concurso conjunto con otras tres sociedades
La presentación tramita en el expediente COM 18.558/2026, "Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo". GTA pidió que el concurso se lleve adelante junto con Holding Agro Industrial SA (HAISA), Wade SA y Avex SA, integrantes del llamado "Grupo GTA".
Si ese planteo no prospera, solicitó que se abra el concurso individual de cada firma.
Según la documentación, HAISA posee el 99,941% del capital y los votos de GTA. El resto corresponde a accionistas minoritarios, varios de ellos de la familia fundadora.
Las causas que invoca la empresa
GTA atribuyó su crisis a "el estancamiento del mercado doméstico, la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para trasladar los mayores costos a los precios, el ingreso de carne aviar importada, el cierre de mercados externos luego del episodio de influenza aviar de 2023, la sequía de la campaña 2022/23 y el aumento de los costos de energía, logística, materias primas y mano de obra".
Las exportaciones cayeron de US$175,8 millones en 2022 a US$85,7 millones en 2023. Subieron a US$105,1 millones en 2024 y volvieron a bajar a unos US$87 millones en 2025.
La empresa también señaló como punto central la operación de Cresta Roja. En marzo de 2018, GTA se constituyó en garante de Wade SA por las obligaciones de la compra de las unidades productivas de esa firma.
El precio global fue de US$80 millones y aún existe un saldo pendiente. GTA agregó que debió desembolsar más de US$25 millones para recuperar capacidad productiva y recomponer instalaciones.
Qué ordenó la Justicia
El Juzgado Comercial N°21, Secretaría N°42, consideró que no era el tribunal competente. Aun así, intervino de manera provisoria ante la urgencia planteada. El juez Germán Páez Castañeda entendió que esperar al magistrado competente podía afectar la continuidad de la actividad, sobre todo el suministro de electricidad y gas y una operatoria bancaria mínima.
Hizo lugar a que los bancos no deben pagar los cheques de pago diferido emitidos antes del 9 de septiembre que venzan después de esa fecha. Esos rechazos no se computarán para multas ni inhabilitaciones de la cuenta corriente.
Autorizó abrir una cuenta corriente en el Banco Ciudad, sin giro en descubierto e inembargable, destinada exclusivamente a sueldos, cargas sociales, contribuciones e impuestos.
Las empresas de electricidad y gas no pueden suspender ni reducir servicios por deudas anteriores al 9 de septiembre. Si algún suministro ya fue cortado, debe restablecerse. Las facturas posteriores deberán pagarse con normalidad.
Rechazó obligar a los bancos a mantener abiertas o reabrir las cuentas de GTA, con el argumento de que no corresponde imponer judicialmente la continuidad de una relación contractual. Tampoco hizo lugar al pedido para que el Banco Central modifique el tratamiento administrativo de los rechazos.
No levantó los embargos e inhibiciones vigentes sobre las cuentas: esa decisión quedará para el juez que asuma el concurso, cuando intervengan el síndico y los acreedores.
Fuente: La Nación