Argentina: Un año y medio de retrocesos estructurales en el sistema de salud

A casi dos años de su implementación, el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 ha provocado un retroceso histórico en el sistema de salud argentino.

Según un exhaustivo informe elaborado por la Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos y la Federación Argentina de Medicina General, el decreto —que fue presentado como una medida de "desregulación económica"— se tradujo en un desfinanciamiento brutal: la inversión en salud cayó un 20% en términos reales entre 2024 y 2025, mientras que el Ministerio de Salud perdió un 52% de su presupuesto en el mismo período.

El impacto es devastador en múltiples frentes. El gasto público nacional en salud cayó un 28% en el primer semestre de 2024, con una subejecución presupuestaria alarmante en programas clave como REMEDIAR, SUMAR y ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia).

Este último había logrado reducir en un 50% los embarazos adolescentes no intencionales en seis años, representando un ahorro proyectado de 140 millones de dólares. Su desfinanciamiento implica no solo un retroceso sanitario, sino también el abandono de políticas de prevención de abuso sexual infantil.

Hospitales de referencia al borde del colapso

Los hospitales nacionales enfrentan una crisis sin precedentes.

El Hospital Posadas, uno de los más grandes del país con 4.200 trabajadores y 10.000 pacientes diarios, sufrió más de 300 bajas de personal entre despidos, renuncias y jubilaciones.

El Hospital Garrahan, principal centro pediátrico del país, reveló que sus autoridades mantuvieron ocultos 40 mil millones de pesos en fondos de inversión, mientras el personal sufría deterioro salarial y más de 250 profesionales renunciaban.

El Hospital Laura Bonaparte, especializado en salud mental, perdió 270 trabajadores —el 30% de su planta— provocando el colapso de servicios esenciales y múltiples casos de pacientes sin contención institucional adecuada.

Ciencia y tecnología: una década perdida

El sistema científico-tecnológico argentino, que había alcanzado reconocimiento internacional, fue devastado. La inversión en ciencia cayó del 0.34% al 0.156% del PBI en solo dos años.

Se destruyeron 4.040 puestos de trabajo de investigadores, el 85% en organismos públicos.

El CONICET perdió 1.174 becas y 510 puestos de planta desde junio de 2023, interrumpiendo la formación de nuevos científicos y provocando una emigración masiva de talentos.

La inversión en equipamiento científico se desplomó un 65.3%, y la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología suspendió la financiación de proyectos, incluso aquellos con fondos del BID destinados específicamente para ello.

Medicamentos y vacunas: soberanía sanitaria amenazada

La producción pública de medicamentos y vacunas, pilar de la soberanía sanitaria argentina, está en riesgo.

La distribución de insumos de salud sexual y reproductiva cayó un 64% entre 2023 y 2024.

La entrega de preservativos se redujo de 4.4 millones a 2.4 millones de unidades, y la distribución de medicamentos para interrupción voluntaria del embarazo (IVE) cayó al 100%: de 106.737 tratamientos en 2023 a ninguno en 2024.

La Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis fue desfinanciada en un 76% y perdió el 40% de su personal, poniendo en riesgo el tratamiento de 70.000 personas que reciben medicación del Estado.

El caso del fentanilo: cuando la desregulación mata

El escándalo del fentanilo contaminado —con más de 124 muertes confirmadas y 45.000 ampollas administradas antes del retiro del producto— expuso las consecuencias letales del desmantelamiento del control sanitario.

A pesar de que la ANMAT había detectado "deficiencias críticas" en el laboratorio productor en diciembre de 2024, recién actuó en mayo de 2025, cuando las muertes ya eran un hecho.

Paralelamente, el organismo eliminó más de 60 trámites administrativos "para agilizar" los procesos de registro de medicamentos, priorizando la "libertad del usuario" —léase, las empresas farmacéuticas— sobre la seguridad sanitaria.

Represión como política de Estado

Para imponer este modelo, el gobierno desplegó una violencia institucional sin precedentes desde el retorno de la democracia.

En solo seis meses de 2025 hubo más heridos y detenidos en manifestaciones que en todo 2024: 1.251 personas heridas, incluyendo casos de pérdida de visión por impactos de balas de goma, quemaduras por gas pimienta y crisis respiratorias.

Las detenciones arbitrarias pasaron de 93 en 2024 a 130 en el primer semestre de 2025. El "Protocolo Antipiquetes" criminalizó la protesta social, mientras el discurso oficial legitimaba la represión con consignas como "cárcel o bala".

Un retroceso de décadas en derechos humanos

El informe concluye que el DNU 70/23 constituye una violación sistemática del derecho a la salud consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales con jerarquía constitucional.

La salud dejó de concebirse como un derecho humano garantizado por el Estado para convertirse en una mercancía sujeta a la capacidad de pago.

El principio de "no regresividad" —que prohíbe reducir el nivel de protección de derechos alcanzado— fue flagrantemente violado. Los expertos advierten que reconstruir lo destruido requerirá, en el mejor de los casos, una década de trabajo sostenido, con un costo económico y social inmensamente superior al de su destrucción.