La Ley Lobizón !!!!!

Hemos escuchado en estos días opiniones de legisladores oficialistas y opositores, señalando la necesidad de derogar la Ley de Padrinazgo Presidencial, conocida como Ley Lobizón, entendiendo que la normativa es obsoleta e innecesaria, ya que otorgaba becas educativas que hoy están garantizadas por el sistema público.

Vale la pena recordar que esta situación tiene relación con las antiguas tradiciones europeas y americanas, que aseguraban la transformación en lobo o perro del séptimo hijo varón y en bruja  la séptima hija mujer.

Por ejemplo en Rusia, Catalina la Grande, comenzó a proteger a los niños comprendidos en esta condición, pues sus padres los abandonaban y hasta los ultimaban, ante el temor que un halo de desgracia llegara a sus hogares.

En nuestra región, la mitología guaraní señalaba que el luisón, lobizón o juicho crecía en las extrañas del séptimo hijo varón de Tau y Keraná, para manifestarse en noches de luna llena.

Inclusive en diferentes rincones de nuestro país, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, se escucharon testimonios de personas que aseguraban haber visto grandes perros negros, con olores nauseabundos, que al amanecer volvían al estado humano.

En 1907, el presidente de la Nación, José María Figueroa Alcorta, se hizo eco de una inquietud planteada por una familia de Coronel Pringles, al nacer el séptimo hijo varón.

Enrique Brost y Apolonia Holmann, solicitaron  el acompañamiento del primer magistrado para su hijo José, entendiendo que mediante una beca el niño podría estudiar, progresar y relacionarse normalmente con sus compañeros y vecinos en general, que de otra forma  lo tratarían con desprecio.

Esta tradición argentina de acompañamiento de las autoridades nacionales se prolongó hasta el 28 de noviembre de 1974, cuando la presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón, dio a conocer la Ley 20.843, por la cual se reconocía formalmente esta costumbre, apadrinando ella o quien designara, a niños y niñas que nacieran cronológicamente en séptimo lugar.

En el caso particular de la Provincia de Entre Ríos, se dio a conocer la adhesión a dicha ley y la respectiva reglamentación, el 24 de abril de 1984, con la firma del gobernador Sergio Montiel y su ministro de Gobierno, Armando Taffarel.

ROBERTO ROMANI