Investigan presunta administración fraudulenta en la liquidación de una empresa familiar de Gualeguaychú
La Fiscalía de Gualeguaychú investiga un presunto caso de administración fraudulenta en el marco de la liquidación de una importante empresa familiar de la ciudad.
Una familia denunció al liquidador designado para vender bienes muebles, vehículos e inmuebles de la firma, tras advertir que el dinero de esas operaciones no habría sido incorporado a las cuentas de la empresa.
El fiscal Lucas Pascual confirmó a R2820 que en las últimas horas se realizaron varios allanamientos en el centro de la ciudad. Los operativos apuntaron al domicilio del denunciado —quien se desempeñaba como liquidador de la empresa—, a la vivienda del comprador de los inmuebles y a una escribanía que intervino en las transacciones.
"No habría ingresado a las cuentas"
Según explicó el fiscal, la causa se inició a partir de una denuncia radicada en la Fiscalía. La empresa, de propiedad de una familia, había designado a una persona con facultades para vender bienes —entre ellos automotores e inmuebles— con el objetivo de que ese dinero ingresara luego al patrimonio de la firma en liquidación.
El punto de partida de la sospecha fue una asamblea realizada el año pasado, donde se dejó constancia de que el dinero proveniente de las ventas no habría ingresado a las cuentas de la empresa.
Allanamientos
En los procedimientos, personal judicial secuestró documentación vinculada a las operaciones de venta, computadoras y otros dispositivos electrónicos, además de solicitar informes telefónicos y bancarios de las personas involucradas en la causa.
También se allanó una aseguradora de la ciudad, lugar de trabajo del comprador de los inmuebles, por sospechas de que podría haber existido mala fe en la operación.
El delito investigado
El fiscal precisó que el delito bajo investigación es el de administración fraudulenta: una persona vendió bienes muebles e inmuebles de la empresa y no rindió cuentas de ese dinero. Además del liquidador, la pesquisa alcanza al comprador de las propiedades y al escribano que intervino en la operación, a quienes se investiga por una eventual connivencia con el vendedor.