La Fiscalía ya solicitó la detención y traslado a una unidad penal de Sergio Urribarri
A pocas horas del fallo del máximo tribunal de la Nación, considera que es inminente la detención de Segio Urribarri, en una Unidad Penal de la provincia.
Así lo consideró el equipo fiscal que investigó al ex mandatario entrerriano por los delitos de negociaciones incompatible con la función pública, peculado y defraudación a la administración pública en cinco causas relacionadas con el desvío de fondos públicos para promocionar su fallida precandidatura presidencial en 2015.
En diálogo con Radio Nacional Gualeguaychú, el fiscal Gonzalo Badano explicó que la Corte Suprema rechazó tratar el recurso presentado por la defensa del ex gobernador Sergio Urrribarri, al no advertir afectaciones a garantías constitucionales.
De esta manera, confirmó el recorrido realizado por la Justicia de Entre Ríos, que incluyó el Tribunal de Juicio, la Cámara de Casación y el Superior Tribunal de Justicia provincial.
“Ya no quedan instancias pendientes dentro de Argentina y la sentencia debe comenzar a ejecutarse”, señaló el fiscal, aunque aclaró que los condenados aún podrían recurrir a organismos internacionales.
Pedido de detención
Badano informó que la Fiscalía solicitó el mismo día del fallo -ayer jueves- la detención y el traslado de Urribarri a una unidad penal. La medida quedó ahora en manos del tribunal que dictó la condena.
Actualmente, el exgobernador se encuentra en Concordia bajo libertad restringida. Entre las condiciones impuestas figuran la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país, la limitación para trasladarse fuera de esa ciudad, una caución real de 20 millones de pesos y la obligación de presentarse semanalmente ante la Fiscalía.
La misma situación alcanza al exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, quienes también recibieron penas de cumplimiento efectivo. Báez cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica, mientras que Aguilera reside en el departamento San Salvador.
El resto de las personas condenadas, con penas de ejecución condicional, deberá cumplir las reglas de conducta establecidas. Además, quedaron firmes las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.
Otras causas
El fiscal confirmó que Urribarri aún enfrenta otras dos causas judiciales. Una de ellas es por presunto enriquecimiento ilícito y se encuentra en la etapa final previa a la remisión a juicio, con audiencias previstas entre octubre y noviembre.
La otra investigación está relacionada con presuntas dádivas y sobreprecios en la contratación de software y servicios catastrales para la provincia. Esa causa ya fue elevada a juicio y resta fijar la fecha de inicio.
Embargos y decomiso de bienes
Badano explicó que durante la investigación se dispusieron embargos sobre cuentas bancarias, inmuebles y vehículos de los imputados, con el objetivo de reparar el perjuicio ocasionado al Estado.
También se ordenaron medidas cautelares sobre bienes que habrían sido utilizados para cometer los delitos o que serían producto de esas maniobras. Entre ellos mencionó inmuebles ubicados en Paraná, camionetas, vehículos e impresoras vinculadas a una empresa de cartelería, cuyo valor original habría rondado los 140.000 dólares.
Una vez que la sentencia quede ejecutada, la Fiscalía de Estado deberá avanzar con las acciones destinadas a recuperar el perjuicio ocasionado a la provincia.
“En Entre Ríos se puede hacer justicia”
El fiscal consideró que la decisión de la Corte representa un respaldo al trabajo realizado durante años por la Justicia entrerriana.
“Nos deja la satisfacción del trabajo realizado por todo el equipo de la Fiscalía”, afirmó Badano, quien destacó la participación de empleados y colaboradores que intervinieron en la investigación. También sostuvo que el proceso demuestra que en Entre Ríos es posible investigar hechos de corrupción, incluso cuando involucran a quienes ocuparon los cargos más importantes de la provincia.
Badano aseguró que no recibió presiones políticas directas durante la investigación y remarcó la importancia de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
