Arenas turbias: investigan evasión de impuestos en guías mineras por 6.600 millones de pesos

Estos llamados se ampliaron a la titular del directorio de una de las mineras y el ex intendente de Ibicuy, quien era empleado con licencia de esta empresa a la que le otorgó una habilitación viciada, señala el pedido de la testimonial.

En este escenario de sospechas, se conocieron números oficiales por la percepción impositiva de este negocio millonario en donde surgieron dudas entre la diferencia de volúmenes que salen hacia Vaca Muerta y lo que el fisco recauda.

El pasado 4 de noviembre se inició la rueda de declaraciones testimoniales en una causa por incumplimiento de sentencia surgida por una acción de amparo ambiental contra de extracción de arenas siliceas en el sur de Entre Ríos.

En un principio, la demanda protectoria fue promovida por el funcionamiento, sin los permisos co-respondientes, de las firmas que obtienen el material que se envia para el uso del fracking en la cuenca petrolife-ra de Vaca Muerta, en la provincia del Neuquén.

Paralelamente, también se presentó otra denuncia por daño ambiental producto de la misma actividad promovida por el productor agropecua-o rio Carlos Cadoppi Frigerio, con la representación legal, en ambos litigios, de Ricardo Luciano.

Por la unificación de estas causas, el 6 de mayo de 2022, el magistrado a cargo del Juzgado Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, dio curso favorable a la clausura de todas las empresas que funcionaban sin certificado de aptitud ambiental vigente, recordo el abogado litigante.

La admisión de la falta de control y ausencia de un compromiso con la protección del ambiente por parte del Estado fue «sorprendente», apuntó Luciano sobre este dictamen que derivó en el cierre de nueve areneras y cuatro plantas de lavado y clasificación.

Con esta resolución judicial vigen-te, el ex intendente de Ibicuy, Gustavo Rodolfo Roldán, a los pocos días, el 10 de mayo 2022, emitió la Certificación de Aptitud Ambiental para el funcionamiento de la planta "La República" de la empresa Cristamine SA con sede en el ejido, en Estación Holt Ibicuy.

Roldán se pasó por arriba dos sentencias judiciales y el requerimiento de una audiencia pública y el certificado que otorga la Secretaría de Ambiente de Entre Rios, según establece el artículo 4° del decreto N° 3.498/16. De aqui "nace esta causa por incumplimiento de sentencia", sintetizó el letrado sobre lo que por estos días se indaga en los tribunales federal de Gualeguaychú.

Pero además de ciertos vinculos sugestivos que comenzaron a ventilarse en este proceso, por otro lado, surgieron datos impositivos que dan cuenta de la dimensión económica de este tipo de explotación. En un momento que la causa ambiental escala, la información oficial por recaudación minera que se conoció hace días, puso en la mira a nuevas sospechas por una actividad plagada de opacidades.

Número que no cierran

El jueves 11 de diciembre, a través de los canales oficiales, la Provincia dio a conocer números sobre el control y fiscalización de la actividad minera. En este orden, detalló que, «sólo entre enero y noviembre de 2025, el Estado provincial recaudó 3.106 millones de pesos en concepto de Guía Minera; cuando en 2023, fueron sólo 184 millones: y en 2022 directamente no hay datos oficiales disponibles», se reveló.

A es tos datos se aportó que la extensión de guías de transporte también creció exponencialmente. En 2022 fueron 22.330; en 2024, 54.210; y en 2025, 84.768. Asimismo, que se actualizó "el valor de la guía minera de arena para fracking que valía sólo 250 pesos por tonelada y esta gestión la llevó al valor actual de 2.550 pesos por tonelada". destacó.

Esta mejora se atribuyó al "mejor control, tarea que se lleva a cabo desde el Ministerio de Desarrollo Económico, junto a la Policía Entrerriana, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), la Dirección Provincial de Vialidad y municipalidades", así como la consolidación del Sistema Digital de Emisión de Guías "como una herramienta que simplifica los trámites administrativos para los productores y comerciantes de minerales".

Pero el cruce de los números no ciera. En principio es una "demostración que son un fracaso como organismo de control y fiscalización", fustigo Luciano.

A la luz de las cifras aportadas por la Provincia en el informe sobre una recaudación en 2025, de 3.106 millones de pesos por las guias de arena de silice, a $2.550 por tonelada, representa un total de 1.218.039 toneladas. Este volumen es el que, en teoría, salieron de Entre Rios rumbo a Vaca Muerta tributando lo correspondiente. Lo llamativo de esta cifra, apunta el letrado, está lejos de los números que la actividad extractivista exhibe.

Según el sitio especializado Data Portuaria, "en cada pozo de Vaca Muerta, la arena es fundamental para mantener abiertas las fracturas y permitir el flujo de petróleo y gas. Cada etapa de fractura requiere unas 250 toneladas de arena y un pozo típico consume alrededor de 11.000 toneladas. En 2024, se utilizaron cerca de 4 millones de toneladas, con proyecciones de superar los 5 millones en 2025», incluso hasta los 6 millones, se publicó en junio de este año.

En esta nota titulada «Vaca Muerta prioriza insumos de Entre Ríos y el exterior por su calidad» plantea justamente que "la demanda de arena silicea para el fracking se reconfigura, con la producción patagónica perdiendo terreno frente a competidores de Entre Ríos (80% del abastecimiento) y el exterior. Este cambio impacta la cadena logística, las economías regionales y genera desafíos ambientales y sociales en un modelo extractivo en auge".

La razón para la opción entrerriana es la calidad del material. Mientras la arena de Rio Negro y Chubut es "cuestionada por las operadoras debido a que suele contener mis impurezas y arcilla", lo que encarece el proceso y lo vuelve menos eficiente, la arena "extraída en Ibicuy y Diamante, es reconocida por su pureza y forma esférica, atributos que mejoran la eficiencia del fracking. Hoy, Entre Rios abastece más del 80% de la demanda nacional y se perfila como la fuente principal para los próximos años", señaló en la misma línea que el argumentó el CEO y presidente de YPF, Horacio Marin.

Entonces, si el 80% de la arena que se usa en Vaca Muerta es de Entre Rios, de ese total de 5 millones de toneladas utilizados para 2025, en porcentual del suelo provincial representa de 4.000.000 millones de toneladas.

Contrastado con los números oficiales, esto configura "un agujero" de, al menos, "2.600.000 toneladas" por las cuales no se tributó, plantea Luciano.

Negocio en alza

La cifra proyectada para este año es un cálculo compartido por varias publicaciones que advierten el crecimiento de la participación de la arena entrerriana por sobre las provincias patagónicas.

En término de transporte también es un "desafío es logistico" en "costos y congestión vial el tener que acarear el material más de 1.300 kilómetros hasta Neuquén". Por eso se habla que YPF y sus socios «"mpulsan la construcción de un tren especifico para este insumo, buscando reducir el impacto ambiental y los costos operativos".

"Según cálculos de la industria, arriban por distintas rutas a Vaca Muerta desde la provincia mesopotámica entre 1.500 y 2.000 camiones por dia, una logística que se multiplicaría en los próximos cuatro años a partir de la necesidad de abastecer al Oleoducto Vaca Muerta Sur y los proyectos de exportación GNL por la costa de Río Negro", se auguró.

El número de unidades diarias también está lejos de los cálculos de aportes de impuestos a la Provincia. La estimación es que cada camión transporta 30 metros cúbicos de arena que pesa 45 toneladas. Si se fiscalizó y cobró impuestos 1.218.039 toneladas, representa el uso de 27.067 camiones en, al menos 11 meses.

En un tráfico de lunes a sábados, durante 264 días, se puede estimar en 102 camiones diarios. "Ese volumen lo mueve una sola de las areneras que se encuentran instaladas en Ibicuy", contrasta el letrado, quien observa que los dígitos no se corresponden con los 1.500 a 2.000 camiones que arriban por día a Neuquén desde Entre Rios, según Run Run Energético.

En definitiva, si se redondea en una cifra modesta, serían 2.600.000 toneladas el tráfico de arena para 2025 que no ingresó a las planillas de cálculos oficiales. Al precio de la guía por tonelada de $2.550, resulta 6.630.000.000 de pesos que no habrian ingresado en términos de recaudación a las arcas de la Provincia. Solicitado el detalle al ente recaudador, al cierre de esta edición, no se recibieron datos del volumen de carga sobre los que surge los números tributados.

A ambos lados del mostrador

La causa en trámite en el Juzgado de Viri cuenta que comenzó como una demanda contra el ex mandatario entrerriano, Gustavo Bordet y el Gobierno provincial, por detentar la autoridad y la aplicación de las normativas que se reclama.

La actividad privada en el ojo de la tormenta se encuentra la operatoria de cantera "La República", de Cristamine SA, a quien se apunta por el funcionamiento sin el certificado de aptitud ambiental. Sin este permiso, dijo Luciano, «comenzó con la explotación del suelo para la extracción del recurso mineral en 2017 y continuó», según consta en el expediente administrativo, hasta febrero del 2025.

Con estos antecedentes de irregularidades que fundaron el pedido de amparo, se llega a la sentencia del 6 mayo de 2022, donde el juez Federal resuelve hacer saber al gobernador de la Provincia de Entre Ríos que deberá prohibira las empresas que no cuenten con al menos el otorgamiento del 'certificado de informe técnico favorable' emitido por la Secretaría de Ambiente del Ministerío de Producción de la Provincia realizar actividades de extracción de arena silícea en las Zonas I, II, III, IV y V de los Ríos Paraná y Uruguay», señala.

Antes de esta resolución, hubo una audiencia en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, donde estuvieron presentes el juez Viri, su secretario Pedro Bancoff; la fiscal Federal María Josefina Minatta; su secretario Nicolás Riolfo; el ex ministro y actual diputado nacional Juan José Bahillo, el fiscal de Estado Julio Rodriguez Signes, el amparista Carlos Cadoppi y su abogado Ricardo Luciano.

Pero he aquí que, con estos requerimientos establecidos, como un ardid para eludirios. Cristamine obtuvo un permiso de uso por parte del ex intendente de Ibicuy, Gustavo Roldán.

«La habilita, sin más, a los pocos días» con el decreto municipal N° 278/2022, comentó el profesional litigante. Y este procedimiento, se vuelve a repetir a los dos años, en abril de 2024, con un Certificado de Aptitud Ambiental renovado por el actual intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, dando continuidad a esta inegularidad.

Lo habilita nuevamente «sin haber cumplido con el artículo N° 57 del Decreto N° 4.977/09 (que reglamenta la autoridad de aplicación de los Estudio de Impacto Ambiental -EsIA-l y los artículos 19° al 21° (sobre los mecanismos de consulta y participación cludadana) de la Ley General de ambiente (N° 25.675), algo que se había ordenado en ambas sentencias. Y más constan intimaciones en el expediente administrativo de la Secretaría de Ambiente contra Cristamine SA», explicó Luciano.

Esta situación, expresó, fue puesta de manifiesto a mediados diciembre de 2023 a la actual secretaría de Ambiente, Rosa Hojman y su equipo en Gualeguay, a una semana de asumida en su cargo, «como así lo hizo Cadoppi Frigerio, en abril de 2024, al mismísimo gobernador Rogelio Frigerio en la Casa Gris ante una audiencia que le había solicitado", contó el abogado.

Estos hechos anteceden el requerimiento por el cumplimiento de sentencia. Llega a Viri en octubre de 2024 derivada por la justicia provincial que se declaró incompetente cuando recayó alli originalmente.

En este marco, el magistrado Federal comenzó con las indagatorías a funcionarios. El 4 de noviembre, al intendente de la ciudad de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, el 11 la titular de Ambiente, Rosa Hojman, el 2 de diciembre el secretario de Minería, Ricardo Itumiza y el 16 de diciembre, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bemaudo.

Luciano aclaró que su demanda en representación de Cadoppi Frigerio, apunta a que se determine responsabilidades por incumplimiento de las dos sentencias judiciales de la empresa Cristamine, entre otras «por no realizar la audiencia pública obligatoria», así como a los funcionarios por la falta de «los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y omisión de control».

A solicitud de la demanda, Viri también citó a la presidenta de Cristamine SA, Amalía Maluéndez y quien fuera el jefe comunal de Ibicuy, Gustavo Roldán, para -los días 26 de diciembre de 2025 y 9 de febrero de 2026», respectivamente.

Además, para el 30 de diciembre deberá presentarse el responsable legal de Ambiente, Osvaldo Femández.

Las razones para estas convocatorias fue «atento el estado de autos y establecido el estado de sospecha». En el pedido fundado por Luciano, planteó que, por un lado, el municipio habilitó a la minera a trabajar y, por otro, la misma inició operaciones sin cumplir con los requisitos debidamente «siendo que ambos» estaban notificados por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.

En la requisitoria, el letrado señala que Roldán lo hizo cuando era funcionario, pero que detentaba al mismo tiempo la condición de empleado con uso de licencia de la firma que terminó por autorizar y a la cual regresó al finalizar su mandato.

El dato

650 nuevos pozos para la extracción de combustible no convencional se construirian anualmente según el estimado para los prósimos años en Vaca Muerta.

Estas nuevas bocas requerirán un total de 13.572 toneladas de arena de silice por pozo, insumo que totalizará aproximado de 8.821.800 toneladas anales para todos los pozos, lo cual impactará proporcionalmente en ese 80% de insumo aportado por Entre Rios.

Fuente: Silvio Méndez/Análisis