OPINIÓN | Ricardo Luciano
Tarde piaste CODEGU
El grave daño ambiental constatado por los informes de la Brigada de delitos Ambientales de la Policía Federal a cargo del Comisario Alberto Candia, son reveladores, hoy con el Secreto de Sumario decretado por el juez Hernán Viri avalan que lo denunciado por El Foro Ambiental y que plasme en una denuncia penal no fue en vano.
Si realmente es lo que informa el diario local El Día en su Facebook: “Por presunta afectación de la salud el juez Viri decretó el secreto de sumario de la causa que involucra al parque industrial”.
Reitero, esto es de una gravedad sin precedentes y de muy difícil reparación, no solo en las consecuencias en las personas como lo ambiental.
Ni la desesperada defensa de la CODEGU diciendo en un comunicado reparará el daño producido que, por muchos años nos acompañará: “Ante esta solicitud, desde CODEGU manifestaron que “la planta de tratamiento del Parque Industrial se encuentra operando de manera correcta y conforme a los parámetros establecidos”, y que "no existe razón alguna para solicitar la clausura de la planta, es más, su paralización tendría efectos completamente adversos que no han sido contemplados a la hora de dicho pedido. Puntualmente, el eventual cierre de la planta implicaría consecuencias graves e inmediatas, pudiendo generar un verdadero caos operativo, sanitario y ambiental, con impacto directo en la calidad de vida de los vecinos”.
Sabían desde diciembre de 2024 que la planta no estaba funcionando o, en el mejor de los casos funcionando mal, pero, decidieron esconder todo. No me voy a cansar de decirles a los responsables que son unos “canallas”, jugaron con la salud de la población todo con el fin de seguir lucrando.
La Ley de Residuos Peligrosos aplicable al caso determina quiénes son los responsables, en este caso, son los titulares de la CODEGU; además, los responsables de la fiscalización de la planta; empresas del PIG; los titulares de la Subsecretaría de Ambiente municipal y provincial (pueden leer la ley).
La mentada ley determina las consecuencias penales de los responsables y remite al Artículo Nº 200 concordantes y subsiguientes del Código Penal, a saber:
Capítulo IV - Delitos contra la salud pública. Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas
ARTÍCULO 200. - Será reprimido con reclusión o prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años y multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) a PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), el que envenenaré, adulteraré o falsificaré de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.
ARTICULO 201 bis. - Si como consecuencia del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resultaré la muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión; si resultaren lesiones gravísimas, la pena será de 3 a 15 años de reclusión o prisión; si resultaren lesiones graves, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión.
La irresponsabilidad que han demostrado con no reparar y esconderle a la sociedad que la planta no funcionaba tiene sus consecuencias.
Estas cosas suceden cuando en algunas instituciones y en cargos políticos de relevancia se ponen al frente personas inidóneas, que no tienen incumbencia y, además, son unos irresponsables.
Ojalá se llegue a una solución por la contaminación constatada que, como se viene dando, vamos a tener que convivir con ella por muchos años por delante, el daño confirmado años va a llevar repararlo, aunque los responsables quieran minimizar todo.
Hecho trágico si los hay, ojalá los próximos responsables de la CODEGU, Subsecretaría de Ambiente municipal, Secretaría de Ambiente provincial sean personas idóneas y comprometidas con la ciudadanía toda, algo que en este caso demuestra que no lo son.