La reforma previsional y la responsabilidad política que hoy nos toca asumir
El debate sobre el sistema previsional de nuestra provincia nos enfrenta a una realidad que durante demasiado tiempo la política entrerriana prefirió postergar. El proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para ordenar y sanear la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos no es una iniciativa más: es una decisión de Estado indispensable si queremos garantizar la continuidad del sistema.
Llegamos a este punto después de años en los que se priorizó el cálculo político por sobre el abordaje serio de un problema estructural. Se eligió postergar las decisiones para evitar costos electorales, mientras el déficit crecía de manera sostenida. Hoy esa realidad nos interpela con toda su crudeza y nos demuestra que ya no hay lugar para la especulación. La crisis previsional no se resolverá con demagogia, promesas imposibles o discursos para la tribuna. Se resolverá con responsabilidad, sinceridad y decisión política.
En las últimas semanas, las comisiones legislativas fueron escenario de un hecho inédito. Este miércoles concluyó la etapa de exposiciones en el Senado provincial, luego de una convocatoria amplia y plural que permitió escuchar a todos los sectores involucrados. Desde el retorno de la democracia, pocas veces un proyecto de esta magnitud generó una instancia de participación tan abierta. Esa amplitud refleja la importancia del desafío que tenemos por delante.
Durante ese proceso escuchamos a representantes gremiales, profesionales, funcionarios judiciales, especialistas, autoridades de la Caja y también a quienes la condujeron en gestiones anteriores. Entre ellos, el ex presidente de la Caja, Daniel Elías, cuya trayectoria y conocimiento del sistema le otorgan una autoridad técnica difícil de discutir.
Sin pertenecer a nuestro espacio político, sostuvo con claridad la necesidad de avanzar en una reforma paramétrica que garantice la viabilidad del régimen previsional. Su diagnóstico coincidió con una percepción que atravesó buena parte del debate: esta es una discusión que desde hace años todos sabían que debía darse, pero que muy pocos estuvieron dispuestos a impulsar.
Hoy nos corresponde asumir esa responsabilidad con la convicción de que no hacer nada significaría condenar a la Caja de Jubilaciones a un deterioro cada vez más profundo. Ya no hay margen para seguir postergando decisiones.
También es importante transmitir tranquilidad a los trabajadores y jubilados. Esta reforma respeta plenamente los derechos adquiridos y proyecta sus cambios hacia el futuro. Quienes ya están jubilados o quienes ya reúnen las condiciones para acceder al beneficio no verán modificada su situación. Quienes ingresen en adelante a la administración pública conocerán desde el inicio cuáles serán las reglas del sistema.
A lo largo de las reuniones de comisión también quedó de manifiesto otro dato difícil de ignorar: el aumento de la expectativa de vida obliga a revisar parámetros que fueron pensados para una realidad demográfica completamente distinta. Las leyes deben acompañar esos cambios para preservar la sustentabilidad del sistema. Del mismo modo, numerosas exposiciones dejaron en evidencia distorsiones y situaciones que explican la necesidad de introducir correcciones.
El gobernador Rogelio Frigerio tuvo el coraje político de abrir este debate y poner sobre la mesa un problema que durante años fue evitado. Como legisladores, nuestra responsabilidad es estar a la altura de ese desafío.
Es tiempo de escuchar, incorporar los aportes que mejoren el proyecto y avanzar con la firme convicción de que la inacción ya no es una alternativa. La responsabilidad política también consiste en tomar decisiones difíciles cuando son necesarias para proteger el futuro de todos los entrerrianos.
(*) Diputada de Juntos por Entre Ríos.