COLUMNA DE OPINIÓN
Segunda parte: El marketing no tapa la realidad
En el presente me ocuparé del "márqueting" del Municipio de Gualeguaychú en el tema ambiental.
El fin de semana próximo 8 y 9 de agosto, en los Galpones del puerto, se llevará a cabo “Gualeguaychú Sustenta”, dentro de su temática tenemos:
“Posicionar a Gualeguaychú como una ciudad comprometida con la protección de su biodiversidad, fortaleciendo su tradición de activismo ambiental y promoviendo el uso responsable y sostenible de sus recursos naturales”.
A esto digo, no es como actúan en los temas ambientales donde tiene competencia la Subsecretaría de Ambiente, la realidad muestra otra cosa.
El caso de la planta de efluentes industriales del parque industrial de Gualeguaychú así los expone.
Una ONG local preocupada y ocupada en el medio ambiente el Foro Ambiental Gualeguaychú, realizo una muy grave denuncia por el no funcionamiento de la mentada planta desde febrero del corriente año y, no sabemos hasta cuando no va a funcionar, reconocido por la CODEGU, y por la Subsecretaria de Ambiente Municipal al aplicarle una sanción (TARDIA) e intimarla a realizar estudios de los efluentes cada quince días, algo que marca la ley N°24.051 desde el inicio de cualquier planta de tratamiento de efluentes industriales, hecho de una gravedad 1º ambiental y 2º legal sin precedentes en nuestra ciudad.
Desde incumplir la Constitución Nacional art. Nº41; Constitución Provincial arts. Nº22 y 85; el Tratado de Anchorena firmado en 2012 donde nos comprometimos a no contaminar el Río Gualeguaychú único responsable el Gobernador, hoy día Rogelio Frigerio porque así lo establece; el Tratado del Río Uruguay, incumplir el estatuto de la CARU, sin duda nos van a perjudicar en nuestra lucha contra la planta UPM y, ahora con la de Hidrógeno Verde a instalarse en la zona de Paysandú, que vamos a exigir si somos incumplidores nosotros de esos tratados, más todas las acciones que nos comprometimos a realizar y cumplir e hicimos todo lo contrario.
Dentro de la normativa legal nacional incumplida, se encuentra la Ley General de Ambiente Nº25.675, la de residuos Peligrosos Nº24.051 que, impone penas de prisión que van de tres a diez años contra quienes la incumplen, Código Penal art. Nº200
“Será reprimido con reclusión o prisión de tres a díez años y multa de 10 mil a 200 mil pesos), el que envenenaré, adulteraré o falsificaré de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas”.
Pero, sin duda, lo más grave de todo es la posibilidad de que se esté contaminado nuestro Río Gualeguaychú con todo lo que ello conlleva.
Si ocuparán solo el 5% del tiempo y dinero en fiscalizar lo que no fiscalizan, no porque a mí se me ocurra, sino porque la ley los obliga, todo sería muy distinto.
Incumplir toda esa normativa no es inocua ni para los ecosistemas ni para quienes vivimos en ellos, demuestra que a los responsables de cumplirlas no les importa, o bien no las conocen, que, si así fuera sería gravísimo, es palmario que dedican su tiempo a otra cosa.
Las campañas publicitarias, realizar congresos, crear comisiones, no solo generan gastos pagados con nuestros impuestos, sino, que, a veces, sólo sirven para mostrarnos una realidad que no existe, o que existe en la mente de los funcionarios responsables, lo peor, es querer esconder la realidad que sí existe.