Arranca el juicio contra Ruiz Orrico por la muerte de cuatro jóvenes en un trágico accidente vial
La madrugada del 20 de junio de 2024 quedó inscripta como una herida abierta en la historia reciente de Entre Ríos. Sobre la Ruta Provincial número 39, en inmediaciones del kilómetro 123, cuatro jóvenes trabajadores avícolas (tres de Basavilbaso y uno de Rosario del Tala) perdieron la vida cuando el automóvil en el que se dirigían a cumplir con su jornada laboral fue embestido frontalmente por un vehículo oficial conducido por Juan Enrique Ruiz Orrico, entonces titular del Instituto Portuario de la Provincia. El impacto no sólo truncó vidas; también desencadenó uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos años, atravesado por debates jurídicos complejos, excusaciones, recusaciones, recursos extraordinarios, sospechas de privilegios y un profundo reclamo social de justicia.
A casi dos años del siniestro, la causa judicial ha alcanzado una instancia decisiva. Tras el rechazo de los planteos de la defensa por parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, quedó firme la fecha del juicio oral y público, que se desarrollará entre el 18 y el 27 de febrero en Concepción del Uruguay. El proceso estará a cargo del juez Darío Crespo, integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, quien asumió la competencia luego de que todos los magistrados naturales de La Histórica se excusaran por mantener vínculos personales con la esposa del imputado, Evangelina Bruzzo, integrante de la Cámara de Casación Penal de Concordia.
El hecho que motiva el juicio es de una gravedad inusual incluso para los estándares de la accidentología vial. Las pericias oficiales determinaron que Ruiz Orrico conducía con un nivel de alcoholemia de 1,59 gramos por litro de sangre (el análisis se realizó varias horas después del siniestro vial), superando ampliamente los límites legales vigentes y configurando un supuesto agravado conforme al artículo 84 bis del Código Penal. Según la reconstrucción técnica incorporada al expediente, el imputado realizó una maniobra imprudente, invadió el carril contrario y colisionó de frente contra el Chevrolet Corsa en el que viajaban Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi. La muerte de los cuatro ocupantes fue instantánea.
Más allá de la calificación legal -homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas-, el caso interpela al sistema judicial en un plano más amplio. No sólo se juzga la conducta individual de un alto funcionario público que conducía alcoholizado un vehículo oficial, sino también la respuesta institucional frente a un hecho que involucra responsabilidades estatales, privilegios procesales percibidos y la igualdad ante la ley.
El derrotero judicial previo al juicio estuvo marcado por una intensa actividad recursiva de la defensa. Los abogados Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez promovieron distintos planteos orientados a apartar al querellante particular, Mario Arcusin, estrategia que fue desestimada tanto por la Cámara de Casación Penal como, en última instancia, por el Superior Tribunal de Justicia. El máximo órgano judicial provincial consideró que los argumentos defensivos ya habían sido debidamente tratados y resueltos, cerrando así una vía que había demorado la elevación definitiva a juicio.
Fuente: Análsis.
