Cayó en Buenos Aires el condenado por trata que estaba prófugo desde fines de junio
La Policía Federal Argentina detuvo en la provincia de Buenos Aires a Rubén Alberto Cabra, condenado a 10 años de prisión por trata y explotación sexual, quien permanecía prófugo desde el 24 de junio tras incumplir las condiciones fijadas por la Justicia Federal de Concepción del Uruguay.
El procedimiento que terminó con la detención se concretó el 4 de julio, como resultado de una investigación conjunta entre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay y el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal.
Las tareas de inteligencia incluyeron intervenciones telefónicas, análisis de geolocalización, seguimiento del tráfico de datos y monitoreo de redes sociales —particularmente Facebook—, lo que permitió identificar perfiles y vehículos vinculados al entorno de Cabra hasta dar con su paradero en territorio bonaerense.
Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron cerca de un millón de pesos en efectivo, teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa.
Cabra había sido condenado en una audiencia realizada por Zoom. Hasta que la sentencia quedara firme, permanecía en libertad bajo arresto domiciliario y debía presentarse semanalmente ante las autoridades.
Sin embargo, el Tribunal constató que había abandonado sin autorización los domicilios declarados en la provincia del Chaco. Por eso, el 24 de junio fue declarado en rebeldía y se ordenó su captura nacional e internacional.
El caso que motivó la condena
La causa se originó por hechos ocurridos en 2006, cuando una adolescente de 17 años fue captada en Chaco con una falsa propuesta laboral y trasladada a Concepción del Uruguay, donde permaneció privada de su libertad y fue explotada sexualmente en un local conocido como "Snack Bar".
Según la investigación, sufrió amenazas y agresiones para impedir que escapara, y tras un regreso a Chaco fue secuestrada nuevamente y llevada otra vez a Entre Ríos.
La denuncia se radicó en 2019 a través de la Línea 145, y la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay con intervención de la PROTEX.
Además de la pena de prisión, el Tribunal dispuso una indemnización de $65.292.000 para la víctima, el decomiso del inmueble donde funcionaba el prostíbulo y el embargo de una moto.
