A vos sí, a vos no: la Municipalidad y una forma selectiva de entender la comunicación con la prensa

La renuncia —o pedido de renuncia, según cómo haya sido planteada internamente— de Evangelina Carrozzo a la Subsecretaría de la Personas Adultas de la Municipalidad de Gualeguaychú no llegó a los medios a través de los canales institucionales habituales.

No hubo, hasta el momento en que la información comenzó a circular, un comunicado oficial que informara el alejamiento de la funcionaria. Tampoco una comunicación general destinada a los medios locales. La novedad apareció, casi fortuitamente —o no tanto—, durante una entrevista realizada al secretario de Desarrollo Humano, Juan Olano, en un streaming de la ciudad.

Y allí aparece el primer problema.

No se trata de cuestionar que un funcionario municipal conceda una entrevista a un determinado medio. Todos los medios tienen derecho a entrevistar, preguntar y obtener declaraciones. El problema aparece cuando una decisión de gobierno que debería ser de conocimiento público no es comunicada institucionalmente a todos los medios y termina siendo conocida por el resto de la prensa a partir de lo que un funcionario dijo en un espacio periodístico elegido.

La diferencia no es menor.

Una Municipalidad no comunica solamente para aquellos periodistas con los que mantiene mayor cercanía o para aquellos espacios que eventualmente tienen acceso más fluido a sus funcionarios. La comunicación institucional, particularmente cuando se trata de decisiones de gobierno, debería garantizar igualdad de acceso a la información, transparencia y previsibilidad.

Cuando eso no ocurre, el resultado es inevitable: algunos medios conocen primero, otros después y otros directamente deben enterarse por terceros.

El problema no es un funcionario que habla: es una Municipalidad que no informa

La situación vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que desde hace tiempo genera malestar entre distintos trabajadores de prensa de la ciudad: la relación cotidiana entre la Municipalidad y los medios.

Hay funcionarios que no atienden llamadas periodísticas, que no responden mensajes, que no devuelven comunicaciones y que, ante una consulta concreta, derivan permanentemente la respuesta con frases como “déjame consultar”, “estamos viendo” o “se está preparando un comunicado general”.

Por supuesto que un funcionario tiene derecho a tomarse el tiempo necesario para responder una cuestión que requiere información o verificación. Lo que resulta cuestionable es que esa práctica termine convirtiéndose en una forma habitual de administrar selectivamente el acceso a la información pública.

Porque mientras un periodista espera una respuesta que nunca llega, la misma información puede aparecer en otro espacio de comunicación.

Entonces la pregunta resulta inevitable: ¿la Municipalidad tiene una política de comunicación institucional o tiene una política de selección de medios?

La diferencia es sustancial.

Una política institucional supone que todos los medios reciben la misma información oficial y, a partir de allí, cada uno decide cómo trabajarla, qué preguntas formular, qué enfoque darle y qué fuentes consultar.

Una política selectiva, en cambio, genera circuitos paralelos: algunos reciben información, otros acceden a funcionarios y otros quedan relegados a reconstruir los hechos a partir de declaraciones, trascendidos o publicaciones ajenas.

Y eso no es un problema menor para el periodismo local.

La Municipalidad administra recursos públicos y sus funcionarios ejercen responsabilidades públicas. Por eso, la información vinculada con decisiones de gobierno no debería transformarse en un privilegio reservado para determinados espacios periodísticos.

Si la salida de una secretaria es una decisión tomada por el Ejecutivo municipal, corresponde que esa decisión sea comunicada oficialmente. Si todavía no existe una definición formal, corresponde aclararlo. Y si la situación está en análisis, también puede comunicarse que está en análisis.

Lo que resulta difícil de justificar es que una decisión de semejante naturaleza no tenga un canal institucional de comunicación y que la prensa deba enterarse porque un funcionario la menciona durante una entrevista.

Más aún cuando posteriormente esa declaración se transforma en la fuente desde la cual el resto de los medios intenta confirmar una información que debería haber sido suministrada por la propia Municipalidad.

Hoy la comuna desde lo comunicacional es una extraña burbuja sin dirección.

El periodismo local merece otro trato

El problema de fondo excede el caso Carrozzo.

Una gestión municipal puede tener medios de comunicación con los que se siente más cómoda, periodistas con los que tiene mayor afinidad o espacios donde sus funcionarios prefieren brindar entrevistas. Eso forma parte de la libertad de cada funcionario.

Pero la información oficial no puede depender de afinidades periodísticas.

La comunicación de un gobierno debe estar por encima de esas preferencias.

Los medios locales cumplen una función esencial: preguntar, contrastar, investigar y comunicar a los vecinos qué hacen sus autoridades. No son simplemente plataformas para reproducir comunicados ni espacios destinados a difundir únicamente las actividades que la administración considera convenientes.

Por eso resulta especialmente preocupante cuando la respuesta habitual frente a una consulta periodística es el silencio, la demora indefinida o la promesa de un futuro comunicado, mientras las novedades terminan apareciendo por canales informales o en determinados medios.

El episodio deja una pregunta sencilla:

¿Cómo decide la Municipalidad de Gualeguaychú qué información comunica oficialmente, cuándo la comunica y a qué medios permite acceder a ella?

Porque si existe una estrategia de comunicación, debería ser transparente.  Y si no existe, quizás sea momento de construirla.

La salida de una funcionaria puede ser, en términos políticos, una decisión más dentro de una gestión. Pero la manera en que esa salida llega —o no llega— a la sociedad dice bastante más sobre el modo en que un gobierno entiende la comunicación pública.

Informar no debería ser un favor. Atender a la prensa no debería ser un privilegio. Y el acceso a la información pública no debería depender de quién tuvo la suerte —o el contacto— de hacer la pregunta correcta en el medio correcto.

La Municipalidad tiene derecho a elegir sus voceros. Los funcionarios tienen derecho a dar entrevistas. Los medios tienen derecho a hacer su trabajo.

Pero la ciudadanía tiene algo más importante: el derecho a ser informada.