Causa areneras: llaman a indagatorias a exfuncionario provinciales
Las citaciones recayeron en Juan José Bahillo (20 de marzo, en su carácter de exministro de la Producción), Hugo Alberto Ballay (10 de abril, en carácter de exministro de Economía) y María Daniela García (17 de abril, como exsecretaria de Ambiente de la provincia). La investigación tramita en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, y se inscribe en un expediente que ya involucra a actuales autoridades provinciales y municipales, así como a la titular de una de las principales empresas areneras de la región.
La denuncia fue presentada por Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, por medio de su apoderado legal, Ricardo José Luciano. El expediente principal -FPA 8044/2024: “Bernaudo, Guillermo y otros s/a determinar”- fue luego acumulado a la causa FPA 5071/2022 (“N.N. y otros s/a determinar”), ambas con Cadoppi como querellante. Las imputaciones giran en torno a presuntos delitos de incumplimiento de sentencia, omisión de control, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La controversia judicial tiene como eje la actividad de extracción y lavado de arena de sílice en el Sur entrerriano -principalmente en el Departamento Islas del Ibicuy- y el supuesto incumplimiento de dos sentencias firmes dictadas en 2022 que ordenaban la clausura de todas las areneras y plantas que no tuvieran en regla sus estudios y habilitaciones ambientales.
El mapa de las indagatorias
Además de las recientes citaciones a Bahillo, Ballay y García, en la causa acumulada ya prestaron declaración indagatoria el actual ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el director General de Desarrollo Minero, Ricardo Iturriza; la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; su asesor legal, Osvaldo Fernández, director general Legal y de Gestión Ambiental del Agua; el intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro; el exintendente de esa localidad Gustavo Roldán; y la presidenta de Cristamine SA, Amalia Maluendez.
La hipótesis que investiga el Juzgado es que funcionarios de distintas gestiones -tanto provinciales como municipales- habrían avalado, de acción u omisión, el incumplimiento de sentencias judiciales que ordenaban clausuras hasta tanto las empresas regularizaran su situación ambiental.
En términos jurídicos, el “estado de sospecha” no implica culpabilidad, pero sí supone que existen elementos suficientes para que los citados ejerzan su defensa en indagatoria. Es el primer acto formal de imputación.