Leonardo Portela: “ante la falta de recursos no se puede prestar un servicio de calidad como el que se desea y la población merece”

En diálogo con R2820 hizo una evaluación de su gestión, del funcionamiento de la justicia en la provincia, de sus propuestas y destacó la independencia de los poderes en Entre Ríos.

El abogado gualeguaychuense explicó que luego de su designación en el órgano superior, en reemplazo del Dr. Smaldone, acogido a su jubilación, “junto con algunos y algunas colegas creímos que era necesario un cambio de aire en el poder judicial y propusimos una conducción integrada por vocales ´nuevos´ (aunque los más jóvenes andábamos cerca de los 50 años), la Dra. Laura Soage y yo. Por suerte la mayoría compartía esa visión y nos aceptó como alternativa para presidir el STJ por 2024/2025”.

Nuevos aires

Según “nuestra proyección a futuro”, acotó Portela, “estaba la de fortalecer el fuero de familia debido a la grave situación que padecen las mujeres en lo relativo a violencia de género. También queríamos instalar la idea de que era necesario romper de una vez por todas el ´techo de cristal´ que tienen las mujeres en determinados ámbitos”, graficando: “por ejemplo, en el poder judicial la mayoría del personal administrativo es mujer y los puestos de conducción los ocupan varones”.

También “teníamos intención de restablecer la comunicación directa y llana con los jueces y juezas de toda la provincia, que nos parecía obstruida y deteriorada, aunque no podíamos identificar claramente el motivo”, explicó a R2820.

Otros temas que fueron considerados en ese momento apuntaron a reformar “el sistema de compras, de administración contable y financiera, en cuanto al personal, etc. Una numerosa categoría de materias que nadie visibiliza cuando piensa en el poder judicial pero que son indispensables llegado el momento de abrir la puerta de un juzgado a las 7 de la mañana y después también, porque hay turnos de 24 horas los 365 días del año. Lo que está detrás y no se ve, la logística, es muchísimo e insume mucho tiempo, dinero y trabajo de mucha gente”.

“Personalmente tenía intenciones de modificar la forma en que el STJ administra los recursos humanos y gestiona los expedientes administrativos (es decir, no los judiciales). Creía que había en el STJ una excesiva concentración y superposición de tareas que duplicaba el trabajo, lo que implicaba, obviamente, desgaste humano y de recursos económicos”, afirmó categóricamente Portela, agregando “además esa energía que se le dedica al ámbito administrativo se le quita a los expedientes, que es para lo que, mal o bien, nos formamos los jueces”.

En su idea estaba también la “intención de modernizar algunos aspectos de los procesos judiciales y en cierta medida esto se logró: hoy prácticamente el sistema informático propio (denominado ´Sirirí´), y aunque los empleados se resisten al cambio, contiene toda la actividad del poder judicial”, como también “pensábamos que era necesario reglamentar algunos trámites internos del superior tribunal debido a que se llevaban adelante según costumbre y esto no es recomendable en un lugar donde se manejan intereses tan importantes. Esto también se logró en cierta medida, por ejemplo, aprobando un protocolo de trámite para juicios contencioso administrativos”.

Otro de los objetivos que mencionó fue el de reformular “la manera en que el poder judicial provincial se vincula con los poderes judiciales del resto del país. Veíamos que hay una gran dispersión de esfuerzos que pueden unirse para objetivos comunes sin que eso afecte en modo alguno al principio del federalismo. Quisimos en algún punto incorporar a la Corte Suprema en esta movida pero no tuvimos suerte. Tampoco con los poderes judiciales de las otras provincias, quizás no era el momento. Veremos más adelante”, lamentó el ex presidente del STJ.

Su derrotero

Leonardo Portela llega al ámbito judicial en el año 2008 de la mano de Beatriz Aranguren, entonces jueza del juzgado civil 2 de Gualeguaychú, quien le ofrece hacer una suplencia como secretario del juzgado. Deja el cargo que ocupaba como secretario del Concejo Deliberante de Gualeguaychú y acepta el pedido porque “pudo más el interés que tenía por integrarme al poder judicial, ya que quería conocer por dentro su funcionamiento”.

Su camino lo llevó a presentarse en el concurso y ganarlo para la secretaría del civil 2, a cargo del Dr. Marcelo Arnolfi, en septiembre de 2012 queda vacante un cargo de juez civil en Concepción del Uruguay, al que Portela se ofreció y lo aceptaron.

También en septiembre, pero de 2015 se jubila Víctor Arakaki en el civil 3 de Gualeguaychú y nuevamente se propuso para cubrirlo, designado por el Superior Tribunal, ya con la experiencia de tres años en Concepción del Uruguay, cargo que concursa y gana hasta 2019 en que se produjo una vacante en la cámara de apelaciones, a la que también se postula y lo designan provisoriamente.

La llegada al STJ lo cuenta el mismo “tras el largo período que insumió, a principios de 2022 se definió el concurso de la cámara y resulté ganador de uno de los cargos de Gualeguaychú. Antes de asumir el cargo como titular, debido a que la sala civil del STJ tenía una vocalía sin cubrir (la del Dr. Smaldone, que se jubiló), los jueces que integraban la sala (Martín Carbonell y Gisela Schumacher), haciendo uso de una prerrogativa legal que tiene el tribunal de cubrir cargos cuando no los hace el órgano constitucionalmente establecido (en este caso el poder ejecutivo), me propusieron al pleno para integrarme a la sala. Afortunadamente los demás miembros del STJ me aceptaron y asumí como interino”.

Su “aceptable labor”, como él mismo califica, hicieron que el gobernador de entonces, Gustavo Bordet, lo proponga en el senado provincia para ocupar de manera definitiva el cargo y tras las entrevistas de rigor fué formalmente designado a fines de 2022.

Tiempo de balance

Tras la consulta de cual es el balance que hace de su gestión el frente del STJ, cree necesario hacer “una aclaración previa, que si bien puede ser excesivamente teórica, es necesaria: el poder judicial es esencialmente contramayoritario. Esto es, su función es defender los derechos de los individuos frente a quien se le oponga, ya sea otro individuo, ya sea el Estado. Esto implica que tiende, consciente o inconscientemente, a mantener el status quo. Es conservador por definición. Habría que explayarse mucho aquí para explicar adecuadamente a que me refiero y no creo que sea posible, así que me limitaré a mencionar que, en general, los cambios abruptos son resistidos en el poder judicial (repito, en general, no solamente en Entre Ríos). Por eso creemos que el balance, dentro de todo y pese a que no se pudieron llevar adelante todos los cambios deseados, es positivo. Queda un gusto amargo, algunas cosas pudimos modificarlas y otras nos conformamos con ponerlas en agenda, con visibilizarlas. Pero el resumen, en síntesis, es positivo”.

-R2820: Cómo califica la experiencia desde lo profesional, pero también desde lo personal.

-“Tengo que reconocer que es algo inmensamente enriquecedor en todo aspecto. Uno que ya tiene varios años en todo tipo de trabajos (varias veces empleado en el sector privado, abogado litigante, juez de instancias inferiores), no deja de sorprenderse de lo amplio que es el espectro que abarca la función. Hay que tener en cuenta que el superior tribunal del poder judicial es un organismo inserto expresamente como cabeza de uno de los poderes del Estado en la Constitución provincial y a partir de ahí tiene la función jurisdiccional (´resolver los pleitos que se le sometan con fuerza de verdad legal´ es la definición usual, lo que quiere decir que lo que dice el poder judicial es así, no admite discusión), pero fundamentalmente la de gestión del poder judicial. Y esto, hay que decirlo, no es algo para lo que estemos formados a priori, se va aprendiendo con el correr del tiempo y estudio de los temas. Ese es el motivo por el cual hay una infinita variedad de profesiones que se suman permanentemente para colaborar en la gestión.

Esto, repito, además de los juicios, implica atender diariamente los recursos humanos y económicos para la mejor prestación del servicio (que no hay que olvidar que es un servicio público, esto es, no puede negarse a nadie).

Decía que la función en sí es involucrar innumerables aspectos. Por ejemplo, uno pasa de hacer un voto en una sentencia de desalojo a firmar una licencia de una empleada por embarazo, firmar una licitación por la construcción de un edificio o firmar un presupuesto anual (por ejemplo, el del año 2026 fue, para el poder judicial, de alrededor de $271.000 millones). Otro día tiene que integrar el jurado de enjuiciamiento de jueces, otro día el tribunal electoral provincial, asistir a una sesión de la legislatura a defender un proyecto que envió anteriormente, asistir a juras de jueces y funcionarios, suplir a colegas de otras salas por licencias, excusaciones o recusaciones; en fin, un abanico muy interesante de tareas.

Por mi parte es lo máximo a lo que un juez entrerriano puede aspirar y estoy muy orgulloso de formar parte del tribunal, el cual seguiré integrando desde la sala civil”.

-R2820: Se habla mucho de la independencia de los tres poderes del estado, en que medida desde la Justicia se puede dar garantía a la población que esto funciona así?

-“En lo respectivo a la independencia de poderes hay una de cal y una de arena. Por un lado, el poder judicial provincial debe ser (y en los hechos el poder judicial entrerriano lo es), independiente respecto de los demás poderes del Estado y de las influencias externas. Es innegable que en ocasiones hay intentos de influir por parte de algunas personas o grupos de presión, pero hasta donde conozco, estos intentos han sido poquísimos y no han tenido suerte. Lo malo es que esa independencia se ve afectada por la carencia de recursos económicos, que distorsionan de alguna manera la voluntad del poder judicial al impedirle tomar el rumbo que considera conveniente.

Es inocultable y sería de mala fe de mi parte negar que la percepción de la población, en general, es negativa respecto del poder judicial. Yo lo veo como un grave problema que se nutre de dos circunstancias, de orígenes muy distintos. Aclaro, lo veo como un grave problema porque es lógico que nadie se someta gustoso a que un tercero en el cual no confía le dicte una sentencia; ergo, ese descreimiento en el poder judicial tiene consecuencias tangibles.

Respecto de las dos circunstancias que conforman la percepción negativa; creo que vienen, uno de ellos, porque, al consumir las noticias de los medios nacionales de comunicación, la población identifica al poder judicial provincial con Comodoro Py, que es donde (no) se resuelven los casos políticos y de corrupción nacionales. Esa asimilación, que es totalmente natural e inevitable, y por lo tanto no se puede criticar, es muy perjudicial para nosotros, porque no tenemos punto de comparación con esa forma de administrar justicia. En esta provincia las sentencias no responden a intereses ocultos y son dictadas en tiempo y forma. Hay excepciones, por supuesto, en las cuales algún juicio, por algún motivo puntual, se demora, pero en general esto no ocurre.

El segundo problema remite a lo ya mencionado; ante la falta de recursos no se puede prestar un servicio de calidad como el que se desea y la población merece. Se dilatan plazos por falta de lugares para tomar audiencias, se dilatan los plazos porque nadie le paga al perito para que haga su trabajo cuando las partes tienen beneficio de litigar sin gastos, se dilatan los plazos cuando hay que reemplazar a un empleado que se enfermó y no hay personal para hacerlo, se dilatan los plazos cuando las denuncias de violencia saturan el sistema de turnos de los equipos técnicos que entrevistan a las víctimas de violencia, etc. Así y todo, en la provincia los juicios duran menos de la mitad que la media nacional. Por ejemplo un juicio de primera instancia dura un año cuando la media nacional son cuatro. Nuevamente, hay excepciones, pero en general es así. Los juicios en cámara duran alrededor de un año y en otras provincias entre dos o tres.

En síntesis, la independencia depende también de lo económico y, como todos sabemos, estamos frente a una crisis de grandes proporciones que afecta a toda la provincia. En algunas provincias los poderes judiciales tienen autarquía; esto es, se les asigna un porcentaje del presupuesto y con éste deben manejarse, para bien o para mal. Generalmente permite organizarse mejor que con el sistema que rige nuestra realidad. En la provincia es el poder judicial el que hace su propio presupuesto proyectando los gastos del año siguiente, pero tiene que usar los parámetros que le impone la contaduría general de la provincia; la inflación proyectada por ejemplo. Estas pautas, a su vez, la provincia los recibe de nación y son inalterables. Entonces, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el BCRA proyecta una inflación del 20,1% para todo el año y los índices que se conocen de meses pasados hacen suponer que será superado ese porcentaje, hay un desfasaje desde el inicio. Luego está la cuestión financiera, esto es, de lo que dice el presupuesto que hay que darle al poder judicial, cuánto se le da efectivamente. Y como decía, la enorme crisis que están padeciendo las provincias se hace sentir también en ésta, ya que no hemos logrado llegar al 100% de la cuota financiera en años. Es difícil ser independientes con esa realidad porque no se puede planificar”.

-R2820: ¿Cuál es el principal problema estructural del sistema judicial?

“Personalmente creo que el mayor problema estructural que tiene el poder judicial entrerriano (y en general), es que las leyes que regulan los procedimientos que aplica atrasan, al menos, 50 años. Desconocen totalmente la realidad y los avances y retrocesos que son parte de la vida diaria. Modificar estas leyes es una necesidad imperiosa y el problema es que la velocidad con que se vive y la sobrecarga de tareas que uno tiene, me refiero a uno como integrante del STJ, es imposible abordar el asunto seriamente. A eso me refería antes, cuando decía que la concentración de funciones ha provocado que no podamos dedicarnos plenamente a lo que es casi obligatorio que hagamos, mirar para adelante. Estamos envueltos, como todo el mundo supongo, en la vorágine diaria. Lo demás (edilicio, informático, etc.), se soluciona con plata. El problema es que nadie tiene tiempo para sentarse a pensar”.

Portela hizo referencia los expedientes judiciales, donde “el superior tribunal es la última instancia dentro del escalafón previsto en la Constitución provincial y solamente puede involucrarse en los casos en que advierta aplicación arbitraria o errónea de la ley. De tal modo, además de que lo que llega ha sido previamente juzgado por jueces de primera instancia y camaristas, es bastante menor. Pero llega de toda la provincia; es decir, somos el tribunal de alzada de toda la provincia y, si bien pueden ser pocos de Gualeguaychú, por ejemplo, sumado al resto de las ciudades, no lo es”.

“Hacer bien lo que hay que hacer”

Leonardo Portela, fiel a su estilo, no se guarda comentarios ante R2820, al hablar de su profesión, de su ciudad, de su carrera y del espíritu del sistema judicial en general. No duda “intento diariamente honrar a la ciudad que me formó y al poder judicial, haciendo bien, repito, intento, lo que hay que hacer. Creo que todo mejoraría si cada uno de nosotros hace bien lo que tiene que hacer, por mucho o poco que sea, por importante o intrascendente que sea”.

Agregando “hay algo que yo siempre destaco en conversaciones que tengo con amigos y allegados; pese a que todo pareciera ir de mal en peor y la percepción sobre el trabajo del poder judicial es negativa, la gente sigue sometiéndose a éste para resolver sus disputas. Esto es algo sumamente valioso que debemos cuidar; la gente todavía no ha llegado al punto en que considere que solamente podrá obtener reparación a sus perjuicios haciendo justicia por mano propia. Como autoridades tenemos la obligación de comportarnos de una manera que confirme esa confianza”.

Por Luis Evaristo Alem