Fraude fiscal con granos: 23 detenidos y un allanamiento en Villaguay
Una investigación por presunto fraude tributario en el comercio de granos derivó en 85 allanamientos en distintos puntos del país, 23 personas detenidas y el secuestro de vehículos, dinero en efectivo, documentación y equipos informáticos. Uno de los procedimientos se realizó en Villaguay, Entre Ríos.
El operativo, denominado “Retenciones fantasma”, fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI).
Cómo habría funcionado la maniobra
Según la hipótesis judicial, los involucrados habrían simulado operaciones de compraventa de granos para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y obtener reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que no les corresponderían.
La denuncia identificó a 59 contribuyentes presuntamente vinculados con las operaciones investigadas. El perjuicio fiscal estimado asciende a unos 10 millones de dólares, aunque el monto deberá determinarse con precisión durante el avance de la causa.
or orden del juez nacional en lo Penal Económico N.º 2, Gustavo Darío Meirovich, los allanamientos se realizaron en Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
Dinero, vehículos y equipos secuestrados
Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas 23 personas y se secuestraron diez vehículos, 55 teléfonos celulares, computadoras, notebooks, tablets y documentación de interés para la investigación.
También se incautaron $15.433.100, 78.205 dólares, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos.
La causa tramita ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico, con intervención de la fiscalía correspondiente. Los investigadores buscan establecer cómo se instrumentaron las operaciones, qué participación tuvo cada uno de los involucrados y cuál fue el alcance del presunto perjuicio al Estado.
La investigación continúa en curso y la responsabilidad penal de las personas involucradas deberá determinarse en el ámbito judicial, bajo el principio de presunción de inocencia.
