Abigeato e inundaciones: productores entrerrianos reclaman seguridad y medidas de emergencia

El abigeato y el avance de las inundaciones mantienen en alerta a los productores rurales de Entre Ríos. Matías Martiarena, director del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA), planteó la necesidad de reforzar la seguridad en los establecimientos agropecuarios y adoptar medidas que permitan afrontar las consecuencias de las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.

Martiarena habló con "Campo Industria" y allí se refirió especialmente a la situación de la zona de Bovril, donde los robos reiterados de ganado obligan a los productores a modificar sus rutinas y mantener una vigilancia permanente sobre los animales. En algunos establecimientos, incluso, la hacienda debe ser encerrada al caer la tarde en corrales cercanos a las viviendas.

Tras una reunión con autoridades provinciales, jefes policiales y representantes del sector agropecuario, el dirigente destacó el compromiso de reforzar los recursos destinados a combatir estos delitos, mediante la incorporación de drones, visores térmicos y una mayor presencia policial.

Sin embargo, consideró que uno de los principales problemas continúa siendo la falta de consecuencias judiciales efectivas. En ese sentido, propuso avanzar en la creación de fiscalías especializadas en delitos rurales y fortalecer la coordinación entre la Policía, la Justicia y los productores.

“El robo reiterado de hacienda no puede tratarse como una sucesión de delitos menores”, sostuvo Martiarena, al advertir que las pérdidas acumuladas pueden comprometer seriamente el capital de los establecimientos.

Durante el encuentro en Bovril, relató, escucharon testimonios de productores que sufrieron robos de decenas de animales sin obtener respuestas que les permitan recuperar la tranquilidad. También mencionó el caso de un productor que persiguió a dos presuntos delincuentes con disparos y latigazos, una situación que, según advirtió, podría haber terminado con consecuencias judiciales graves para el propio damnificado.

Para el dirigente, estos episodios reflejan el nivel de desesperación que genera la inseguridad rural. Por eso, reclamó investigaciones que permitan llegar a condenas efectivas y un mayor acompañamiento legal para quienes resultan perjudicados.

“Es tratar de que la vida de esta gente cambie, y cambie para bien, y que puedan llegar a tener la tranquilidad necesaria”, expresó.

Además de la inseguridad rural, Martiarena alertó sobre las dificultades que enfrentan los productores ganaderos ante el avance de las inundaciones y la necesidad de trasladar animales desde las islas y los campos bajos.

Según los relevamientos realizados junto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), existe una importante cantidad de cabezas de ganado en las zonas insulares, mientras se intensifica el movimiento de animales ante el riesgo de las crecidas.

El dirigente señaló que vender hacienda sin terminar implica recibir un precio inferior por kilo y puede generar pérdidas importantes. A esto se suman las obligaciones tributarias vinculadas con la operación, incluso cuando la venta no representa una ganancia real, sino la liquidación anticipada de parte del capital del productor.

Según advirtió, estas condiciones pueden desalentar el traslado preventivo de los animales y aumentar los riesgos ante una eventual crecida que afecte las zonas donde se concentra la actividad ganadera.

En este contexto, Martiarena destacó los avances alcanzados en la última reunión de la Comisión de Emergencia, integrada por representantes del campo y funcionarios provinciales.

Durante el encuentro se consensuó elevar al Poder Ejecutivo un pedido de declaración de emergencia agropecuaria por el término de un año, a partir del 1 de agosto, para los departamentos afectados por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.

El planteo abarca la zona comprendida desde La Paz hasta Islas del Ibicuy y busca dar respuestas a los productores afectados por las inundaciones.