Abigeato en Entre Ríos: el campo reclama cámaras y fiscales especializados

El encuentro se desarrolló en la sede de la Brigada de Delitos Rurales y fue el tercero de una ronda de reuniones que ya tuvo instancias en Bovril y Paraná. La iniciativa busca sostener un espacio de trabajo conjunto entre productores y fuerzas de seguridad frente a una problemática que afecta a establecimientos rurales de distintos puntos de la provincia.

Participaron representantes de la Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos y la Federación Entrerriana de Cooperativas. Por las fuerzas de seguridad estuvieron el jefe de la Policía provincial, Claudio González; el director general de Delitos Rurales, Cristian Allegrini; y el subdirector general de Prevención de Delitos Rurales, Horacio Raúl Ludi.

Los operativos y las cifras del abigeato

Durante la reunión se presentó un balance de las tareas preventivas, los procedimientos realizados y las investigaciones en curso. Según los datos expuestos, Entre Ríos cuenta con 32 destacamentos de Abigeato Rural en funcionamiento y registró 49 denuncias por faenas desde el inicio del año.

También se informó el secuestro de aproximadamente 40 armas de fuego en procedimientos preventivos y contravencionales.

Entre los operativos destacados se mencionó el despliegue de más de 120 efectivos en Bovril. Además, en inspecciones a carnicerías por presunta faena clandestina e infracciones sanitarias graves, se decomisaron más de 1.000 kilos de carne.

Las autoridades y los representantes del sector productivo también analizaron avances en investigaciones que buscan establecer posibles vínculos entre el abigeato y otros delitos.

Cinco propuestas para reforzar la seguridad rural

La Mesa de Enlace planteó una serie de medidas destinadas a mejorar la prevención, coordinar las investigaciones y fortalecer los controles en el territorio entrerriano.

Monitoreo las 24 horas. La propuesta contempla instalar una red de cámaras públicas y privadas en caminos rurales primarios, secundarios y terciarios, con el objetivo de mejorar la vigilancia y aportar información para identificar movimientos sospechosos.

Fiscalías especializadas. Las entidades solicitaron impulsar la creación de fiscalías rurales o asignar fiscales específicos dentro de las estructuras existentes. La intención es centralizar información, facilitar el seguimiento de las causas y mejorar la coordinación de las investigaciones. Entre las alternativas mencionaron el proyecto Maneiro u otra iniciativa legislativa similar.

Un protocolo de investigación. El sector propone establecer pautas de actuación para que las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales puedan responder de manera rápida y coordinada ante delitos que afecten a productores y establecimientos rurales.

eglamentación sobre animales sueltos. Otro de los pedidos apunta a avanzar en la reglamentación de la normativa vigente sobre animales sueltos, especialmente caballos en rutas y caminos rurales, con el propósito de reforzar los controles y prevenir accidentes viales.

Más controles en la cadena cárnica. La Mesa de Enlace también reclamó extender las inspecciones y las investigaciones más allá de las carnicerías, incorporando frigoríficos y fábricas de chacinados, en el marco de la Ley Provincial de Carnes N.º 7292.

Un reclamo que busca continuidad

Desde las entidades agropecuarias remarcaron que las medidas de prevención deben sostenerse en el tiempo para evitar que el delito se traslade de una zona a otra o termine naturalizándose en el ámbito rural.

El planteo apunta a consolidar una estrategia que no se limite a los procedimientos policiales posteriores a cada denuncia, sino que incluya vigilancia, controles comerciales, investigación judicial y coordinación entre los distintos organismos.

Para la Mesa de Enlace, la articulación permanente entre productores, fuerzas policiales, Legislatura y Poder Judicial resulta fundamental para mejorar las condiciones de seguridad en el campo entrerriano y brindar mayores certezas a las familias que viven y trabajan en las zonas rurales.

Con información de APF.